El Zurriago

Alberto Cruz

 Las elecciones en India han supuesto un descalabro para la izquierda institucional. De 61 escaños con que contaba el Frente Democrático de Izquierda (FDI) ha pasado a 23, muchos menos de los 39-43 que indicaban unas encuestas que ya venían anunciando una importante caída en el voto popular sin que hubiese rectificación alguna por parte de la dirigencia del Frente, empecinado en "crecer" a costa de una alianza con otros partidos de corte regionalista y étnico con ideologías cuando menos difusas puesto que alguno de ellos no ha tenido escrúpulos a la hora de aliarse con el Congreso Nacional Indio o con el derechista Partido del Pueblo (Bharatiya Janata) cuando lo ha estimado conveniente. El argumento era que mantener la postura del FDI sin otras alianzas sería equivalente a un suicidio político en  aquellas zonas de India donde las organizaciones de izquierda son débiles.

 El tiro les ha salido por la culata a los promotores de esta estrategia electoral y les ha estallado en la cara. En las elecciones anteriores, 2004, el FDI se presentó en 69 distritos (de un total de 602 en que está dividido administrativamente el país) y consiguió esos 61 escaños. Es decir, prácticamente hizo un pleno. No ha sido así en esta ocasión: se ha presentado en 82 distritos gracias a esa alianza en el denominado Tercer Frente y ha bajado hasta los 24 escaños. De ellos, 16 han sido conseguidos por el Partido Comunista de India (marxista) -antes contaba con 44-, cuatro por el Partido Comunista de India -antes tenía 10- y los otros dos por sus coaligados del Partido Socialista Revolucionario y el Frente de Avanzada. Ninguno para sus otros coaligados en ese Tercer Frente.

 El Partido Comunista de India (marxista), fuerza hegemónica del FDI, ha emitido una declaración pública en la que dice que la disminución de voto ha sido "marginal" puesto que el partido ha obtenido un porcentaje del 5’33% y eso es "ligeramente inferior al 5’66% logrado en las elecciones de 2004" (1). Curiosa forma de justificar unos pésimos resultados, máxime teniendo en cuenta que el índice de participación fue algo inferior a los comicios anteriores -como consecuencia del boicot proclamado por los naxalitas- y que desde el gobierno se había incentivado una "campaña del miedo" tras los atentados de Mumbai en noviembre de 2008. No obstante, el PCI (marxista) reconoce que ha sufrido "serios reveses" en Bengala Occidental y Kerala, los dos estados que viene gobernando con mayoría absoluta desde hace décadas y muestra su "profunda preocupación" por un hecho sin precedentes puesto que en estos dos estados ha perdido nada más y nada menos que 25 escaños que ahora han ido a parar a manos del Congreso Trinamool (una escisión del Congreso Nacional Indio), en el caso de Bengala, y a formaciones locales, aunque también y por primera vez en muchos años, ha conseguido escaños a su costa el derechista Bharatiya Janata.

 La autocrítica no es el fuerte de la izquierda institucional india. Lo cierto es que debería sentir algo más que una "profunda preocupación" por los resultados en estos dos estados puesto que la participación electoral ha sido mayor que la que hubo en 2004 (en Bengala Occidental ha votado el 80’67% frente al 78’04% en las elecciones anteriores y en Kerala ha sido del 73’35% frente al 71’45% anterior, mientras que la media en toda India ha sido del 58%), por lo que el voto de castigo al FI es evidente. Aunque en India, como en otras partes del mundo, no se vota de la misma manera en unas elecciones generales y en unas locales, la derrota sufrida por la izquierda institucional anuncia la más que posible pérdida de la mayoría absoluta con que cuenta en estos dos estados, emblemáticos hasta ahora no sólo para la izquierda institucional de India sino para las organizaciones de la izquierda institucional del exterior y, especialmente, de Asia.

 Bengala, con 80 millones de habitantes, tiene gobierno comunista desde 1977 y  el FDI consiguió en las últimas elecciones locales un total de 235 escaños de los 294 con que cuenta la Asamblea (Parlamento). Kerala, 32 millones de habitantes, fue donde por primera vez los comunistas indios formaron gobierno en 1957 tras ganar las elecciones y desde entonces han gobernado intermitentemente hasta que en 1996 consiguieron la mayoría absoluta, revalidando esa victoria en las posteriores citas electorales; de los 140 escaños del parlamento del estado de Kerala el FDI controla 82.  Las próximas elecciones locales son dentro de dos años y mucho tiene que cambiar el PCI (marxista) para que sea capaz de mantenerse en el poder en estos dos estados de una manera tan holgada.

 La industrialización y los "imperativos del desarrollo"

 La izquierda institucional de India está construyendo una autopista hacia el infierno desde que en marzo de 2007 el gobierno de Bengala Occidental apostase por la represión -14 muertos- de los movimientos populares que se oponían a la instalación de una Zona Económica Especial en Nandigram (2). La postura inicial del PCI (marxista) fue acusar a los campesinos de negarse a aceptar el acuerdo que proponía el gobierno de Bengala y defender la ZEE como un "imperativo del desarrollo". Esa ZEE no era cualquier cosa, sino la puerta de entrada de la multinacional indonesia Salim, un grupo económico con capital de la corrupta familia del general Suharto.

 Los comunistas indios se ponían a la cola de las pretensiones gubernamentales de crear 339 Zonas Económicas Especiales en toda India que, gracias a las desgravaciones fiscales que hacen que las empresas no paguen ningún impuesto, gozan de ventajas fiscales y económicas para favorecer la productividad y donde se puede eludir la legislación normal del país en materia laboral, sindical y ambiental con el objetivo de atraer inversores locales y extranjeros. Los sindicatos han manifestado en reiteradas ocasiones que las ZEE eliminan históricas conquistas sociales del movimiento obrero indio y la resistencia a su puesta en funcionamiento es grande. En un país donde el 90% de los trabajadores dependen de la economía informal, el renunciar al ejercicio de los derechos sindicales (como ha establecido el gobierno en las ZEE) significa más precariedad, más injusticia y más violencia. De hecho, la sindicación de los trabajadores si bien no está prohibida de derecho, sí lo está de hecho en estas ZEE puesto que los empresarios no contratan a quien esté afiliado a un sindicato. La actitud hostil de los empresarios hacia los trabajadores sindicalizados se ha radicalizado desde que a comienzos de la década de 1990 el gobierno del Congreso Nacional Indio iniciase su política de privatizaciones y desmantelamiento del sector público al amparo de la política económica neoliberal.

 En estos momentos en India hay ya 40 ZEE en funcionamiento y la izquierda parlamentaria no quiso quedarse atrás en la campaña por la "industrialización" del país. En Kerala el Frente de Izquierda puso en marcha un programa experimental, presentado como una alternativa a las ZEE, que permitía a las empresas radicadas en el estado, críticas con la "excesiva" lucha sindical y las permanentes reivindicaciones de los trabajadores, importar mano de obra de otros estados y así librarse de esas molestias sindicales. Este hecho fue denunciado por los sindicatos al considerar que permitía a los patronos "ignorar la legislación" puesto que con esas prácticas "se desbaratan las actividades sindicales y se desalienta la formación de sindicatos", según ha dicho la Confederación India de Sindicatos (CITU), históricamente vinculada al PCI (marxista).

 En Kerala la dirección del PCI (marxista) con su secretario general, Pinarayi Vijayan, a la cabeza era partidaria de iniciar una política económica más "abierta y liberal". Por el contrario, la mayoría de los cuadros y las bases consideraban que había que seguir manteniendo la postura tradicional de apoyo principal a los agricultores, a los sectores populares y, de forma especial, a los adivasis (indígenas) por ser los principales afectados por la industrialización. Es de esperar que tras el fracaso electoral este debate se extienda al interior de la organización a nivel estatal y que pierdan las pretensiones de la dirección del partido.

 Los sindicatos indios son muy combativos, en especial la CITU, y en el año 2006 mantuvieron un duro pulso con los gobiernos estatales y central sobre el derecho de sindicación de los trabajadores del sector de tecnologías de la información, una de las "joyas" de la industrialización de India y del coqueteo con los países del Primer Mundo. Cuando el 14 de noviembre de ese año, y a instancias de la CITU, se creó la Asociación de Trabajadores de Tecnología de la Información en Bengala Occidental como un primer paso en la lucha de los trabajadores del sector los patronos, apoyados por el gobierno central y el local de Bengala, arremetieron contra la iniciativa. Curiosamente, es en Bengala donde la CITU cuenta con mayor número de afiliados, 1’4 de un total cercano a los 4 millones, y no ha dudado en convocar huelgas generales contra el gobierno del FI. En Kerala la cifra de afiliados a la CITU llega al millón.

 Los "imperativos del desarrollo" no terminaban ahí para el PCI (marxista). Faltaba lo más emblemático y el símbolo más evidente de la socialdemocratización acelerada de la izquierda institucional de India: en Bengala Occidental se expropiaron tierras para la construcción de una fábrica de coches, los famosos Nano (modelo de coche barato de la marca Tata Motors), en Singur. Se da la circunstancia que el emplazamiento elegido está en una de las zonas más fértiles de todo el estado, pero eso no arredró a la izquierda institucional. El FDI y el PCI (marxista) apostaban claramente y por primera vez en su historia por las clases medias y los sectores más pudientes económicamente puesto que con un sueldo que no llega al euro y medio al día son pocos los indios que pueden adquirir ese modelo de coche por barato que sea (el precio inicialmente previsto del modelo Nano, antes de la crisis económica, era de 1.500 euros). Ya lo había dicho Arjun Sengupta, Presidente de la Comisión Nacional para las Empresas del Sector No Organizado: "el 77% de la población de la India, 853 millones, es pobre y vulnerable y tiene una capacidad de consumo inferior a las 20 rupias diarias" (0,40 euros aproximadamente). Evidentemente, no es algo que tuviese en cuenta la izquierda gobernante en Bengala, apoltronada desde hace años y cada vez más alejada de la realidad de la calle.

 La izquierda institucional de India ha logrado en menos de tres años lo que la reacción no había logrado desde la independencia del país, en 1947: dañar su credibilidad como fuerza política de ámbito estatal preocupada por el bienestar de los trabajadores, los desfavorecidos y los condenados de la tierra india. Y lo está pagando. La arrogancia con la que ha tratado el sentimiento de los más desfavorecidos al imponer la ZEE en Bengala, junto a la represión de Nandigram, así como la práctica antisindical del gobierno en Kerala favoreció que el gobierno central viese el camino libre para, por una parte, poner en marcha un Plan de Garantía de Empleo Rural que quitó a la izquierda parlamentaria la bandera de la defensa del campesinado y, por otra, establecer una legislación antisindical en los trabajadores públicos, a quienes se limita el derecho de sindicación y negociación colectiva, o a los trabajadores del sector bancario, quienes deben comunicar con seis meses de antelación la convocatoria de huelga, por mencionar dos casos concretos de esa práctica antisindical. Pero, como es obvio, hay más, muchos más..

 Expansión de los naxalitas

 Mientras que en el momento de escribir este artículo no hay datos de nuevas reacciones  del Comité Central del PCI (marxista) tanto en Bengala como en Kerala se ha iniciado una dura reacción contra las respectivas direcciones del partido. En Bengala, el primer ministro Bhattacharjee reconoce ahora que no se pueden ignorar las deficiencias "en el funcionamiento del gobierno, el partido y el Frente de Izquierda" en lo referente a un tema crucial como la tierra anunciando, faltaría más, "un enfoque prudente y flexible en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del gobierno, en particular los relacionados con la adquisición de tierras que no se llevará a cabo [esa adquisición de tierras] si la población local no quiere" (3). En Kerala, el gobierno, en reunión de urgencia, decidió aplicar "medidas correctivas" en su política. Habrá que esperar y ver, aunque las perspectivas de un cambio de política real "en beneficio de los pobres" (4), como anuncia ahora (¿?) Bhattacherjee - en un reconocimiento expreso de lo que ha venido siendo su política en los últimos años y que certifica la aseveración hecha más arriba de que se prefería la relación con las clases medias y más acomodadas a las bases tradicionales comunistas- son más que dudosas puesto que ni en Bengala ni en Kerala, al menos por el momento, se reniega de la apuesta por una política de industrialización como iniciada hace tres años y que les ha llevado a esta situación.

 Con su apuesta por la industrialización acelerada como un "imperativo del desarrollo" la izquierda parlamentaria india ha asfaltado su autopista hacia el infierno. Sólo la insurrección naxalita queda ya como referente emancipador en India. Los dalits, los intocables en el sistema de castas hindú, se han volcado hacia los maoístas; los campesinos pobres también. Incluso pequeños sectores de los trabajadores industriales lo están haciendo, como pone se pone de manifiesto día tras día y así lo recogen no sólo los medios de comunicación de India, los de tirada federal y los de ámbito estrictamente local (5) con titulares como "Los maoístas amplían sus zonas de influencia" o "Maoístas a la ofensiva tras la humillación del PCM" -en India se denomina al PCI (marxista) como PCM para diferenciarle del histórico Partido Comunista de India, llamado PCI y también integrante del FDI-, sino agencias internacionales (6). Y por si fuese poco, un importante sector de los intelectuales está reclamando a los maoístas la formación de un nuevo frente, de carácter inequívocamente revolucionario, que rompa con la inercia de una izquierda tradicional que cada vez se ve más envuelta en casos de corrupción y que está asumiendo con una rapidez desmesurada los planteamientos socialdemócratas con tal de conservar el poder.

 El gobierno central lo tiene muy claro: debilitada hasta casi morir la izquierda institucional debido a sus propios errores sólo hay un enemigo al que combatir porque representa una amenaza real para el sistema capitalista indio. Por eso la primera medida del nuevo gobierno ha sido anunciar que el Ministerio de Asuntos Exteriores va a hacer campaña política en Asia en contra del "extremismo de izquierda" (en referencia a los naxalitas, dado que están coordinados a nivel regional en el Comité de Coordinación de los Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur de Asia) y que se tomarán las medidas urgentes necesarias para "adoptar medidas correctivas dentro de los Procedimientos Operativos Estándar [que realizan las fuerzas policiales y las paramilitares] de lucha contra los naxalitas" que permitan que "en un plazo de seis a siete meses se pueda realizar una fuerte ofensiva contra los maoístas" (7). En esa ofensiva habrá "una mayor coordinación entre las fuerzas paramilitares, la policía estatal y la sociedad civil". Esta última tendrá como misión la de "contrarrestar la propaganda naxalita" (8), lo que pone de manifiesto una vez más cómo el poder utiliza las ONGs y la famosa "sociedad civil" como frente de choque ante las políticas que cuestionan el sistema, como si la pobreza se produjese por generación espontánea, como las setas, y no fuese una consecuencia de ese mismo sistema.

 Lo que está sucediendo en India merece más atención en el resto del mundo. Y la debacle de la izquierda parlamentaria debería ser un aviso a navegantes sobre un comportamiento, por desgracia, demasiado extendido en cuanto se pisa una moqueta y el poder te saluda con una palmada en la espalda mientras te ofrece una silla aterciopelada. En Europa se sabe demasiado de esto. En América Latina hay próximamente elecciones en países como Brasil, Chile y Uruguay donde "la izquierda correcta", al estilo de sus homólogos de India, se enfrenta a una situación muy parecida a la que acaba de suceder en India. Una vez que ya se ha hecho el trabajo para el sistema, apaciguando las luchas sociales, este tipo de formaciones políticas son perfectamente prescindibles y en ello no se escatiman esfuerzos ni campañas mediáticas. Por eso no está demás recordar un viejo refrán español: "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar".

 Notas:

(1) Comunicado del Politburó del PCI (marxista) ante los resultados de las elecciones a la Lokh Shaba. 19 de mayo de 2005.

(2) Alberto Cruz, "La izquierda en India (y II): hacia la pérdida de identidad" http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article301

(3) The Telegraph, 25 de mayo de 2009.

(4) Ibid.

(5) The Tribune e India Times, 24 de mayo de 2009

(6) Prensa Latina, 25 de mayo de 2009.

(7) Asia Times, 21 de mayo de 2009.

(8) Ibid.

Alberto Cruz

Los atentados de Mumbai (Bombay en castellano) realizados a finales de noviembre han desatado todo tipo de análisis, especialmente geopolíticos. Sin duda los intereses de los EEEU, Gran Bretaña e Israel -no hay que olvidar que entre India e Israel hay una alianza estratégica que tiene mucho que ver en el reciente auge del islamismo en India- están en juego, así como el intento de "balcanizar" la zona y, de forma especial, Pakistán. Este país es la clave en la región pues tiene fronteras con Irán, Afganistán, India y China además de estar situado muy cerca de las repúblicas ex soviéticas de Asia Central, ricas en recursos energéticos y, sobre todo, en gas. Afganistán, al igual que Irak y a pesar de la guerra y del auge de la insurgencia talibán, ya está lo suficientemente desestructurado como para que represente problema alguno en cuestiones energéticas. Sólo faltan Pakistán e Irán. Esos son los objetivos a largo plazo del eje imperialista-sionista. Y de los dos países, el más débil es el primero.

Sin embargo, pocos análisis -por no decir ninguno- han abordado el frente interno de India. Y es aquí donde, también, hay que mirar de forma especial. Los ataques de Mumbai han sido un golpe a los símbolos de la élite económica india y, por primera vez, este sector privilegiado donde le haya ha sentido miedo de forma directa. En un país donde las cuatro quintas partes de la población viven con poco más de un euro al día no sorprende que cuando se ha tocado la esencia de la oligarquía india se haya desatado el infierno.

Muy al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones. En la misma ciudad de Mumbai, en el año 1993, dos atentados masivos e indiscriminados, y coordinados, provocaron 257 muertos en barrios populares. En el año 2006 una serie de ataques coordinados contra la red de trenes ocasionaron 186 muertos en esa misma ciudad. Ni la prensa, ni la élite política, ni la económica mostraron preocupación alguna. A fin de cuentas, estos muertos eran de los otros, de los de siempre, de las clases populares. Si no les matan en atentados indiscriminados como éstos, a fin de cuentas morirán por no tener que comer, así que ¡qué más da!, pensaban. 

Han sido muy pocas las voces que han podido traspasar la barrera de clase que se ha levantado con los atentados de Mumbai. Una de ellas, la de Farzana Versey, escritora, artista y periodista alternativa y freelance residente en Mumbai (1), pone el dedo en la llaga cuando afirma que ella se niega a meterse en el mismo saco que los demás colegas y no utiliza la palabra "condena" cuando habla de los recientes atentados. Eso le ha costado represalias en los medios con los que colaboraba, que ya no la publican sus análisis y artículos. Farzana Versey pone el énfasis no en los hoteles de lujo atacados, o en las cafeterías chic, sino en la estación de tren, o en el hospital, o en los policías que se enfrentaron a los atacantes con armas poco menos que de la edad de piedra, según dicen. Y eso no gusta a la élite política y económica: les han acatado a ellos, por favor, y hay que solidarizarse con ellos y sólo con ellos. Las otras víctimas son prescindibles, ¿por qué preocuparse de los desechables?

La Agencia France Press viene a recoger algo parecido en uno de sus cables cuando afirma que "los millones de privilegiados de este país de 1.100 millones de habitantes tienen la sensación de que esas tragedias [los atentados con víctimas más numerosas que las que ha habido en este último de Mumbai] apenas los conciernen, porque afectan principalmente a las clases populares" (2).

Antes de los ataques de Mumbai en otras ciudades de India (Varanasi, Jaipur, Bangalore, Nueva Delhi, Surat y Ahmadabad) se habían producido atentados masivos e indiscriminados en el mes de septiembre sin que el lloriqueo mediático fuese similar al de ahora. Apenas un breve o un suelto en páginas interiores y nada en las televisiones. También los responsables de los mismos fueron islamistas, pero la diferencia es que las víctimas no eran representantes de la élite económica.

Nadie habla, ni habló entonces, de por qué los islamistas han comenzado, al menos desde 2003, una serie de atentados indiscriminados por todo el país. Nadie ha recordado, como bien pone de manifiesto Farzana Versey, que en 1992 la demolición de la mezquita de Babri en Ayodhya (Uttar Pradesh) provocó una revuelta que terminó con 900 muertos, que los responsables policiales de la matanza fueron ascendidos y que ni un solo responsable político dimitió; o que en 2002, en Gujarat, tuvo lugar una matanza de más de dos mil musulmanes.

Y es que en India hay 160 millones de musulmanes que son los parias de los parias, es decir, están muy por debajo de los intocables, de los dalit en el sistema de castas, y ningún gobierno ha hecho mucho por cambiar la situación, como denuncia Kavita Srivastava, Presidenta de la Unión para las Libertades Civiles de los Pueblos (PUCL por sus siglas en inglés). Lo mismo sucede con los cristianos, los adivasi (indígenas) o los dalit.

Y todo ello por no hablar del fundamentalismo hindú que se está extendiendo por toda la sociedad y que ha llevado, tardíamente, a que hayan sido detenidos militares, uno de ellos teniente coronel, de una célula hinduísta que habían atentado en la ciudad de Malegaon, una acción que había sido atribuida a los islamistas. Hablamos sólo de los aspectos religiosos, no de la común represión policial sobre los movimientos populares, como la ocurrida en el mes de mayo de 2008 que causó 16 muertos en Rajastán y que aún está por investigarse, por mencionar una con un número de víctimas elevado. Pero hay más, muchas más sin que el Estado indio se haya rasgado las vestiduras. Y no digamos la oligarquía.

El "envidiable desarrollo" indio

India como la mayor democracia del mundo. India como el país con el desarrollo más envidiable del planeta. La India democrática como contrapeso de la China autoritaria en esa parte de Asia. India dentro del tren de la modernidad occidental. India y Bollywood. Estos son los tópicos y estereotipos de los niños bien, de la clase media acomodada de Delhi, Mumbai o cualquier otra de sus ciudades satélites, que comen sus hamburguesas o sus pizzas como en cualquier cafetería de occidente porque se niegan a comer la comida ladaquí o beber el tradicional té con mantequilla porque prefieren los refrescos de cola, compran la ropa en las tiendas Versace o Mango, los relojes en Cartier, hablan inglés, se pasean con sus coches de lujo -ellos no utilizan el tren ni los masificados y casi imposibles medios de transporte públicos- o en sus motos de gran cilindrada y muestran sus móviles de ultimísima generación mientras, condescendientemente, lanzan una moneda a quien hace unas gracias en la acera con piruetas o cualquier tipo de actuación para poder comer algo ese día.

Son los privilegiados, ese poco menos de 250 millones de personas -la población total es de 1.097 millones- que han hecho de India su cortijo particular desde que en 1990-1991, aprovechando la caída de la Unión Soviética, el país arrojase por la borda la política socializante, que no socialista, desarrollada por Nehru y abrazase con la fe del converso el liberalismo económico. El actual primer ministro, Manmohan Singh, era entonces el ministro de Finanzas. Al impulsar el neoliberalismo, el Estado abandonaba, de hecho, cualquier pretensión de igualdad social, tal y como había pretendido siempre Nehru.

Esa política económica, tan alabada, ha desintegrado el entramado local de interdependencia, ha debilitado los lazos familiares y comunitarios y ha puesto al consumo en el centro de la vida si se quiere tener reconocimiento social. Lo dicen los propios empresarios españoles (4) cuando afirman, en un extenso informe donde se alaban las oportunidades de inversión en India, que "el aumento de la inversión que hace el gobierno central en la economía rural implica que el poder de compra de este gran segmento de población aumentará y esto es una noticia muy buena para fabricantes de teléfonos móviles y proveedores locales o extranjeros de hipotecas para la compra de viviendas, así como fabricantes de bienes duraderos como electrodomésticos y otros aparatos electrónicos".

Los empresarios españoles consideran, además, "signos de progreso" la eliminación de "las obsoletas leyes  laborales de India que en la década anterior disuadieron la inversión extranjera" y alaban la creación de las Zonas Económicas Especiales que, en número de 339 quiere impulsar el gobierno central por todo el país. En estos momentos hay 40 ZEE en funcionamiento y son áreas que, gracias a las desgravaciones fiscales que hacen que las empresas no paguen ningún impuesto, gozan de ventajas fiscales y económicas para favorecer la productividad y donde se puede eludir la legislación normal del país en materia laboral, sindical y ambiental con el objetivo de atraer inversores locales y extranjeros.

Por lo tanto, el "envidiable desarrollo" de India se asienta sobre otra realidad mucho menos conocida. Digámoslo en palabras de Arjun Sengupta, Presidente de la Comisión Nacional para las Empresas del Sector No Organizado: "el 77% de la población de la India, 853 millones, es pobre y vulnerable y tiene una capacidad de consumo inferior a las 20 rupias diarias" (0,40 euros aproximadamente). Sengupta clasifica a la población en seis grupos: los extremadamente pobres, los pobres, los marginalmente pobres, los precarios o vulnerables, los que tienen ingresos medios y los de ingresos altos. Dice que el porcentaje de extremadamente pobres ha descendido desde 1994 del 30,7% al 21,8% pero sólo para engrosar las filas de los marginalmente pobres y los precarios, cuyo índice de consumo se sitúa en esas 20 rupias diarias. Esos son los prescindibles, las víctimas de los atentados masivos que en los últimos cinco años, por lo menos, viene sufriendo India de forma periódica.

La división entre la enorme mayoría de pobres, esos 853 millones, y el resto, 244 millones, para ser exactos, es total y absoluta. No se mezclan y son los privilegiados, que se pueden dividir a su vez en clase media, más o menos acomodada (unos 200 millones), y ricos (unos 44 millones), quienes controlan el país, quienes controlan el parlamento, quienes controlan los medios de comunicación. Pongamos un ejemplo reciente: a mediados de noviembre, antes de los atentados de Mumbai, se realizaron elecciones locales en varios estados. En uno de ellos, Chhattisgarh, bastión de la guerrilla naxalita, de los 687 candidatos oficiales figuraban 42 millonarios (en India se considera millonario a cualquiera que posea al menos 10 millones de rupias). De ellos, 19 pertenecían a las listas del Partido del Congreso (autocalificado como centrista y en el gobierno estatal, al que también perteneció Nehru), 7 al Bharatiya Janata (Partido del Pueblo, derecha hinduísta) y cinco al Bahujan Samaj (clase media). Además, había otros 53 inmersos en procesos por corrupción (3). Como en muchas otras partes, la historia de India es una historia de clase.

Y es la clase económicamente más poderosa, la oligarquía y los terratenientes, la que, antes de los atentados de Mumbai que les han afectado directamente, se sentía amenazada por la expansión naxalita y presionaba al gobierno central para que el Ejército se sumase a la lucha contra los maoístas. El Ejército indio tiene una larga tradición de fuerza laica y apolítica. Al contrario que la policía, que suele apoyar a los nacionalistas hindúes (Hindutva, supremacía hindú) en los enfrentamientos inter-comunitarios, el Ejército siempre ha actuado como una fuerza neutral. Pero para la élite económica eso tenía que cambiar ante el auge naxalita. Sus intereses estaban en juego a largo plazo.

Los maoístas indios nutren sus filas de combatientes de todas etnias, castas y religiones. Por ejemplo, en Orissa, la mayoría de naxalitas provienen de las comunidades cristianas, mientras que en otros estados son dalit e, incluso, de origen musulmán. La utilización del Ejército contra los maoístas supone un problema para el gobierno indio, pero no para la oligarquía.

El 23 de noviembre, tres días antes de los ataques de Mumbai, el primer ministro Singh había pronunciado un discurso ante un auditorio selecto de altos cargos de la Policía y otros organismos de seguridad en el que, una vez más, consideró a los naxalitas como el principal problema interno de India (5) reconociendo que "a pesar de los esfuerzos que se han y se están realizando, las medidas adoptadas hasta el momento no han dado los resultados deseados", en referencia al plan gubernamental para contener el avance de la guerrilla: iniciar un programa de desarrollo de las zonas más empobrecidas de India, modernización de la Policía, creación de infraestructuras viales que sirvan tanto a las poblaciones como para facilitar el traslado rápido de las fuerzas policiales y la creación de seis escuelas de guerra, es decir, la formación de unidades antiguerrilleras para poder atacar y destruir los campamentos naxalitas en la selva.

Al mismo tiempo, pidió a los medios de comunicación una mayor beligerancia contra los maoístas. También insistió en el tema el ministro del Interior, Shivraj Patil, para quien ""una adecuada política de medios de comunicación ayudaría a la policía a obtener la confianza de los ciudadanos" (6) en la lucha contra los maoístas.

El fracaso de las medidas del gobierno central se debe a dos razones: primera, la expansión naxalita parece imparable, actuando en 14 (15 según el Centro Asiático de Derechos Humanos) de los 28 estados de India (Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar) lo que, en cifras, significa que en 182 distritos, de un total de 602 en que está dividido administrativamente el país, son los maoístas quienes controlan la situación. Además, los naxalitas están comenzando a extenderse a las ciudades, especialmente a las zonas obreras e industriales de Delhi, Mumbai, Raipur, Pune y Jammu alternando las acciones propagandísticas con las militares. El propio gobierno indio consideraba hace un año que entre el 30% y el 35% del territorio de India está bajo el control de los naxalitas (7) porcentaje que será mayor en la actualidad y de ahí la enésima preocupación del primer ministro y la oligarquía india; segunda, porque los maoístas han logrado crear su propio sistema de distribución pública en amplias zonas rurales de al menos cuatro estados en los que actúan: Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar y Bengala Occidental.

Esto, de hecho, supone un gobierno de poder popular y los terratenientes de esos estados están muy asustados ante la posibilidad, real, de que los campesinos busquen la protección de los maoístas en los conflictos de tierras como ya ha ocurrido en Uthar Pradesh. Y en las últimas semanas se han incrementado sustancialmente las acciones maoístas contra destacamentos policiales (el último, con cinco muertos, el pasado día 6 en Jharkhand) u ordenando paros armados (como en los distritos de Gajapati, Kandhamal y Rayagada, del estado de Orissa) en protesta por la represión policial contra campesinos y que han sido secundados de forma masiva. Incluso en las elecciones locales que han tenido lugar estas últimas semanas, en las zonas donde operan los naxalitas el boicot ha sido masivo, de forma especial en Chhattisgarh, donde pese a que el porcentaje total de voto se ha situado en el 53% (y aquí los paramilitares de Salwa Judum han tenido un papel preponderante, amenazando a quien no fuese a votar) en determinados distritos apenas ha llegado al 21%, como ocurrió en Bijapur, por mencionar sólo caso de ese boicot.

La élite económica, la oligarquía india, está cada vez más preocupada por el auge naxalita. Los maoístas indios plantean una guerra popular prolongada, mientras que los atentados de Mumbai les han llegado sin avisar. Pero para la élite económica y la oligarquía india hay un orden de prioridades claro: "a pesar de los ataques terroristas de Mumbai, la nación [India] tiene otra amenaza, más grave, más insidiosa, y la representa la extrema izquierda naxalita. (...) Los maoístas no son un enemigo a tomarse a la ligera. A menos que sean eliminados, pueden causar mucho daño" (8).

Notas:

(1) www.farzana-versey.blogspot,com, 5 de diciembre de 2008.

(2) AFP, 7 de diciembre de 2008.

(3) Prensa Latina, 19 de noviembre de 2008.

(4) "La empresa española ante el reto de la India", Casa Asia, 2007. Pág. 15 y 16.

(5) AFP, 23 de noviembre de 2008.

(6) Times of India, 24 de noviembre de 2008.

(7) Alberto Cruz, "La Izquierda en India (I): la revolución naxalita" http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article278

(8) The Pioneer, 8 de noviembre de 2008.

Alberto Cruz

 La lucha armada está en auge y se desarrolla en 14 de los 28 estados de India, con desigual implantación de la guerrilla pero que se ha convertido ya en un fenómeno de alcance nacional (1) y ello se debe a tres factores: la unificación de las diferentes organizaciones maoístas, la crisis económica y el deterioro en la imagen de la izquierda parlamentaria por sus prácticas políticas en los últimos cuatro años, especialmente tras la represión de un movimiento popular en contra de la instalación de una Zona Económica Especial en la localidad de Nandigram el 14 de marzo de 2007. Ese día 14 campesinos murieron al reprimir la policía su protesta, que se venía realizando, y era un movimiento en ascenso, desde que en diciembre de 2006 el gobierno anunciase la aprobación de la ZEE.

 Nandigram está situado en Bengala Occidental, un estado que gobierna el Frente de Izquierda, hegemonizado por el Partido Comunista de India (marxista) desde hace 30 años. En su periódico "Democracia Popular", el PCI (m) justificó la represión argumentando que habían sido los campesinos quienes habían iniciado los ataques contra los militantes del PCI (m), matando a algunos de ellos, y enfrentado repetidamente a la policía al tiempo que se negaban a aceptar el acuerdo que les proponía el gobierno de Bengala (2). Meses más tarde, en una concentración masiva en el mismo lugar el primer ministro acusó a los maoístas de estar detrás de las movilizaciones campesinas reprimidas de marzo, defendió la ZEE como "los imperativos del desarrollo" y dijo a sus bases que la creación de nuevas industrias no iba a debilitar la agricultura, un terreno en el que el PCI (m) siempre ha estado en la vanguardia de lucha, sino que la iba a consolidar y agrandar (3).

 Sin embargo, la represión de Nandigram está comenzando a ser considerada como el principio del fin de la izquierda parlamentaria, tal y como se la conoce hasta ahora. Los dalits, los intocables en el sistema de castas hindú, se han volcado hacia los maoístas; los campesinos pobres también. Hay que recordar que en India cuatro quintas partes de la población viven con poco más de un euro al día. Y por si fuese poco, un importante sector de los intelectuales está reclamando a los maoístas la formación de un nuevo frente, de carácter inequívocamente revolucionario, que rompa con la inercia de una izquierda tradicional que cada vez se ve más envuelta en casos de corrupción y que está asumiendo con una rapidez desmesurada los planteamientos socialdemócratas con tal de conservar el poder. La izquierda india, inequívocamente marxista, que sobrevivió e incluso extendió su influencia tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y conservó prácticamente intacto su capital moral e intelectual, ve ahora seriamente dañada su credibilidad.

 De la vanguardia...

 No siempre ha sido así. El PCI (m) cuenta con una larga tradición de gobierno en varios estados de India, con Bengala Occidental como principal referente. Este estado, de 80 millones de habitantes, cuenta con gobierno comunista desde 1977 -el PCI (m) hegemoniza el Frente de Izquierda, que cuenta con un total de 235 escaños de los 294 con que cuenta la Asamblea de Bengala Occidental, de esos 235 escaños de la coalición 176 están en manos del PCI (m)- y es considerado el estado modelo para la gestión de la izquierda, así como el espejo donde debe mirar la izquierda parlamentaria india.

 En él se hizo una reforma agraria por primera vez en India, con redistribución de la tierra ociosa y mayor protección en la tenencia de tierra a los campesinos, se otorgó carta de ciudadanía a los migrantes ilegales de Bangladesh y se fomentó la participación popular a través de unas instituciones conocidas como panchayats que tienen como misión implementar y controlar los problemas de tierras, entre otros. Se ha dado más presencia a los trabajadores, rurales y urbanos, a las mujeres y a los marginados dalits que en cualquier otro estado de India y se ha ido experimentando un crecimiento económico sostenido en el que los pequeños productores han tenido un papel importante, por no decir el más importante.

 También ha tenido sus problemas: el paro, cada vez mayor entre la población, el estancamiento en la alfabetización y educación y lo que es más significativo, el aumento de las desigualdades de acceso a la educación según se sea hombre o mujer, se pertenezca a una u otra clase social (aunque habría que hablar más bien de casta) o se sea originario de tal o cual región de Bengala. Ello ha hecho que a pesar de que el apoyo electoral al Frente de Izquierda no haya dejado de crecer hasta 2006, los sectores más politizados de la población se hayan comenzado a fijar en la guerrilla naxalita como referente revolucionario.

Junto a Bengala Occidental, el Frente de Izquierda gobierna otros cuatro estados: Kerala, Tripura, Tamil Nadu y Manipur. En los dos primeros, el PCI (m) es la fuerza hegemónica mientras que en los dos últimos está en minoría.

En Kerala (32 millones de habitantes) fue donde por primera vez los comunistas indios formaron gobierno en 1957 y desde entonces han gobernado intermitentemente hasta que en 1996 consiguieron volver a ganar en las elecciones, victoria que se ha venido repitiendo hasta el momento actual, donde cuentan con 61 de los 140 escaños del Frente de Izquierda, que gobierna en mayoría absoluta. Su principal logro es la educación, convirtiendo a este estado en el primero de India en cuanto a los mejores parámetros educacionales, tanto en primaria como en secundaria, de todo el país. Esto, unido a que es el estado indio con menor porcentaje de mortalidad infantil, hace de Kerala prácticamente una isla dentro de India: apenas hay industria, pues los capitalistas abandonaron el estado ante la pujanza de los sindicatos, amparados por el gobierno, y ello ha hecho que Kerala sea hoy el paradigma del igualitarismo social: un salario mínimo decente, un sistema de distribución muy eficiente que surte a las tiendas de toda clase de artículos a precios subvencionados y una reforma agraria que ha distribuido entre un millón y medio de campesinos arrendatarios las propiedades de los terratenientes.

En estos momentos en Kerala se discute sobre las Zonas Económicas Especiales que quiere poner el gobierno central por toda India. El gobierno admitirá "un cierto grado de industrialización", aunque aún no tiene claro de qué tipo y si será dentro de una ZEE o no. Es más, como si fuese un programa experimental, está permitiendo a las empresas radicadas en el estado, críticas con la "excesiva" lucha sindical y las permanentes reivindicaciones de los trabajadores, importar mano de obra de otros estados y así librarse de esas molestias sindicales.

En este estado el PCI (m) está sumido en una importante lucha interna entre quienes son partidarios de una política económica más "abierta y liberal", como el secretario general Pinarayi Vijayan, y quienes consideran que hay que seguir manteniendo la postura tradicional de apoyo principal a los agricultores, a los sectores populares y, de forma especial, a los adivasis (indígenas) por ser los principales afectados por la industrialización.

El otro estado que gobierna el Frente de Izquierda en mayoría absoluta es Tripura (3'5 millones de habitantes). El PCI (m) cuenta con 46 de los 60 escaños de la coalición. Y en minoría, como se ha dicho antes, participa en el gobierno del Frente de Izquierdas en los estados de Tamil Nadu (65 millones de habitantes), donde cuenta con 9 diputados de un total de 264 que tiene la coalición, y en Manipur (2'5 millones), aunque aquí no tiene representación parlamentaria.

... a la pérdida de identidad

La izquierda india ha vivido en la cresta de la ola durante mucho tiempo. Tanto que se convirtió en imprescindible cuando, en las elecciones de 2004, logró su mejor resultado electoral en toda la historia de India, con 60 escaños en la Lok Sabha (Cámara del Pueblo) -de ellos 44 fueron conseguidos por el PCI (m) y 10 por el Partido Comunista de India- y ello le sirvió para negociar con la Alianza Progresista Unida, formada por tres partidos centristas liderados por el Congreso Nacional de la India (que cuenta con 145 escaños de un total de 182 logrados por la coalición), un programa mínimo que permitió a la APU formar gobierno recibiendo el apoyo desde fuera, es decir, sin representación alguna en el gobierno, del Frente de Izquierda.

Ese programa mínimo no era revolucionario, pero estableció una amplia agenda socialdemócrata: aumento del gasto público para atención a la población rural pobre, potenciación del papel de la mujer, aprobación de una ley de bosques, abolición del trabajo infantil, derogación de la ley antiterrorista y elaboración de otra más garantista, etc. Al mismo tiempo, al apoyar al gobierno desde fuera el Frente de Izquierda pudo bloquear la privatización de las empresas más rentables del sector público, telecomunicaciones, aviación civil y la entrada del capital financiero especulativo en los planes de pensiones, por poner un ejemplo.

En la política exterior, el Frente de Izquierda aceptó la postura de la UPA de mejorar la relación con EEUU "siempre que se mantuviese la independencia de India en todas las cuestiones regionales y mundiales", lo que permitió que India no enviase tropas al Irak ocupado en 2003, como le pidió EEUU, y se acordase la construcción de un oleoducto gasístico con Irán a través de Pakistán.

Sin embargo, a raíz de Nandigram el gobierno central indio ha sabido a aprovechar la pérdida de credibilidad de la izquierda parlamentaria para zafarse del programa mínimo y lanzar una ofensiva neoliberal tanto en el plano interno como en el externo.

 En el primero la historia venía de antes y es lo que desencadena Nandigram: la creación de 339 Zonas Económicas Especiales que, gracias a las desgravaciones fiscales que hacen que las empresas no paguen ningún impuesto, gozan de ventajas fiscales y económicas para favorecer la productividad y donde se puede eludir la legislación normal del país en materia laboral, sindical y ambiental con el objetivo de atraer inversores locales y extranjeros. En estos momentos en India hay ya 40 ZEE en funcionamiento y la izquierda parlamentaria está claramente a la defensiva en este terreno o, como en el caso de Bengala Occidental, hablando de "los imperativos del desarrollo".

 En lo segundo, la historia también venía de antes, del año 2005 para ser exactos. Ese año el gobierno central indio firmó un Acuerdo Marco de Defensa con EEUU en virtud del cual ambos países pasaban a ser aliados estratégicos y se enfrentaban directamente a China, realizando maniobras militares conjuntas, especialmente navales, en las cercanías de las vías marítimas que suelen utilizar los chinos. Si bien el Frente de Izquierda se opuso a este acuerdo, no se planteó en ningún momento derrocar al gobierno puesto que sólo llevaba un año en el poder y, simplemente, optó por dejar hacer. De esos polvos se ha llegado al lodo de la aprobación del acuerdo nuclear con EEUU, impulsado por el gobierno de la APU aprovechando el desconcierto de amplios sectores de la izquierda, especialmente entre los intelectuales, a raíz de Nandigram.

 No es extraño, por lo tanto, que el PCI (m) dedique gran parte e su producción teórica en los últimos tiempos a criticar a los intelectuales que criticaron, a su vez, al partido cuando Nandigram. "El fenómeno de varios intelectuales que hasta ayer estaban con la izquierda contra el fascismo comunal y ahora se han vuelto contra el partido requiere un análisis serio", dice el principal órgano de los comunistas bengalíes (4). Y lo hace con un argumento que en occidente es familiar: acusa "a la mayoría" de esos intelectuales de ser anti-izquierda organizada, "especialmente anticomunista y, en particular anti PCI (m)", de formar parte de "las filas de simpatizantes naxalitas" y de ser "populistas", entre otras cosas.

 Nandigram marca un antes y un después para la izquierda parlamentaria india. Ya nada será igual. Por una parte, porque la base tradicional de los comunistas indios está mirando cada vez con mayor simpatía hacia los naxalitas; por otra, porque la intelectualidad india aboga abiertamente por la creación de un nuevo frente de izquierda revolucionario que estaría liderado por los naxalitas. Y si hay que hacer caso de las encuestas, no se avecinan buenos tiempos para la izquierda parlamentaria india puesto que de los 60 escaños actuales pasarían a entre 39 y 43 en las elecciones generales de mayo del año que viene.

Tal vez por esta razón, el Frente de Izquierda está dando un impulso a su presencia pública, bien anunciando una serie de movilizaciones contra la presencia de barcos estadounidenses en aguas indias para la realización de otras maniobras navales conjuntas, bien apoyando desde los gobiernos que controla (Bengala, Tripura y Kerala decretaron un paro general el 20 de agosto en solidaridad los trabajadores) las reivindicaciones, principalmente de los trabajadores del sector público, que vienen realizando huelgas en contra de las políticas neoliberales del gobierno y del alza de precios, o bien criticando al gobierno central por su desprecio al parlamento (en lo que va de año la Lok Sabha re ha reunido sólo 35 días) al negarse a convocar la cámara para discutir una moción de confianza tras la aprobación del acuerdo nuclear con EEUU el pasado mes de julio.

Al mismo tiempo, el Frente de Izquierda está abierto a la discusión con otras formaciones políticas para crear una "tercera fuerza política" capaz de competir por el poder con los centristas de la APU y con los derechistas del Bharatiya Janata (138 escaños) que les permita si no formar gobierno, sí al menos negociar de igual a igual con quien resulte vencedor de las elecciones.

El Comité Central del PCI (m), reunido el pasado 12 de octubre en Kolkata (la antigua Calcuta, capital de Bengala Occidental) decidió adoptar una plataforma electoral "amplia" con el objetivo principal de derrotar a la APU por su "alianza estratégica con los EEUU y la aprobación de políticas económicas antipopulares" y al BJ por ser un partido reaccionario. Para ello, está dispuesto a ampliar el Frente de Izquierda con otros partidos de corte regionalista y étnico (5). De forma especial, el Frente de Izquierda plantea un acercamiento al Partido de la Sociedad Mayoritaria, una formación que comenzó como un partido de los dalit y que no ha tenido escrúpulos a la hora de aliarse con la APU o con el BJ cuando lo ha estimado conveniente.

"La historia no se mueve a ritmo de la justicia", dicen los impulsores de esta estrategia cuando se les critica el hecho de que esta alianza va a suponer una rebaja de los principios programáticos de la izquierda, y añaden que se trata de encontrar una nueva forma de trabajar con estos partidos para forjar "una sociedad unida" en torno a una plataforma de principios porque, el caso contrario, "sería suicida mantener una postura sectaria" en aquellas zonas de India donde las organizaciones de izquierda son débiles. Las elecciones de mayo de 2009 pondrán de manifiesto la eficacia de esta "tercera fuerza" y si este tipo de maniobras sirven para la creación de una nueva dinámica política en India al margen, o enfrente, de los partidos tradicionales. Los naxalitas se beneficiarán, en cualquier caso, tanto del éxito de esta fórmula como de su fracaso.

Notas:

• (1) Alberto Cruz, "La izquierda en India (I): la revolución naxalita" http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article278
• (2) Declaración del ministro principal, Buddhadeb Bhattacharya, en la Asamblea de Bengala Occidental el 15 de marzo de 2007.
• (3) Democracia Popular, 30 de diciembre de 2007.
• (4) Ganashakti, 17 de octubre de 2008.
• (5) Resoluciones del Comité Central del PCI (m), 14 de octubre de 2008.

Alberto Cruz

El año que viene, en el mes de mayo, se van a celebrar elecciones generales en India, un país de más de mil millones de habitantes y que acaba de firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos que le sitúa, de forma inequívoca, dentro de la órbita occidental. Una vieja aspiración de la oligarquía india que en los últimos 19 años se ha traducido en la imposición de políticas neoliberales, desmantelando paulatinamente su hasta entonces economía centralizada y privatizando los principales sectores. Junto a este hecho, y en un intento por reforzar este paso al occidentalismo, India ha alcanzado acuerdos militares con Israel (lo que ha provocado un auge del islamismo que se está traduciendo en atentados por todas las ciudades del país y en ataques contra otras confesiones religiosas, en especial contra los cristianos, en estados como Orissa) y estudia "congelar" el acuerdo de construcción de un oleoducto de gas con Irán.

Es, por tanto, un año crucial para la izquierda india, muy numerosa y con responsabilidades de gobierno en estados como Bengala Occidental, Kerala, Minipur, Tamil Nadu y en Tipura (que albergan a unos 220 millones de indios en total, casi la cuarta parte de la población del país), todos gobernados por el Frente de Izquierda hegemonizado por el Partido Comunista de India (marxista). Pero también en India se está asistiendo al auge, cada vez mayor, de la insurrección naxalita (1* -Recomendada la lectura del artículo que aparece en el enlace de esta nota para entender el proceso revolucionario en India-), liderada por el Partido Comunista de India (maoísta) y su brazo armado, el Ejército Popular Guerrillero del Pueblo. Existe, además, otra organización guerrillera impulsada por el Partido Comunista Marxista-Leninista Guerra Popular. Estas dos organizaciones ya han hecho un llamamiento a boicotear las elecciones.

Los naxalitas se están convirtiendo en un movimiento político de alcance nacional. Actúan en 14 (15 según el mapa del CADH) de los 28 estados de India (Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar) y que, en cifras, significa que en 182 distritos, de un total de 602 en que está dividido administrativamente el país, son los maoístas quienes controlan la situación (2). Hay que hacer notar que en el mes de abril se consideraba que actuaban en 165 distritos (170 según del CADH), por lo que el que ahora estén activos en 17 distritos más indica claramente su progresión imparable que se produce no sólo en el campo, sino que está comenzando a extenderse a las ciudades, especialmente a las zonas obreras e industriales de Delhi, Mumbai, Raipur, Pune y Jammu alternando las acciones propagandísticas con las militares. El propio gobierno indio consideraba hace un año que entre el 30% y el 35% del territorio de India está bajo el control de los naxalitas (3), porcentaje que será mayor en la actualidad.

Los éxitos revolucionarios en el campo son incuestionables: ni la policía ni los funcionarios estatales se atreven a entrar en Bastar, una extensa zona del estado de Chhattisgarh de unos 100.000 kilómetros cuadrados (4), y sus acciones contra los paramilitares de Salwa Judum (que se traduciría como "Cazadores de la paz", armados por terratenientes y el propio Estado que les ofrece, además, un sueldo) están provocando la desmoralización y deserción de estos mercenarios en cuanto se produce un combate ante las constantes bajas que sufren. El periódico "Indian Express" relataba con crudeza lo ocurrido tras un ataque maoísta que causó 55 muertos a una fuerza conjunta de policías y paramilitares al hacerse eco de un informe oficial en el que se recogía la investigación llevada a cabo: "la cobardía, la deserción, la excesiva dependencia de los oficiales de policía respecto de la Policía Especial Local [los paramilitares de Salwa Judum tienen la categoría de agentes policiales rurales], la carencia de un entrenamiento apropiado y el consumo de sustancias tóxicas influyeron en las causas de la matanza de los 19 policías y 39 PEL [Salwa Judum]". Para minimizar un tanto el efecto de la derrota, el informe recogía que dicho ataque había sido efectuado por una fuerza de "por lo menos 400 naxalitas" (5). Aunque este ha sido, hasta el momento, el ataque con un mayor número de muertos, constantemente se reportan bajas entre los policías y paramilitares, incluyendo los comandos de élite de Andhra Pradesh, denominados "Galgos", que el pasado mes de junio sufrieron 38 bajas mortales al ser atacado el barco en el que se dirigían a realizar una operación militar contra un campamento maoísta (6).

Los naxalitas han dado el paso de la guerra de guerrillas a la de movimientos, con una mayor acumulación de fuerzas y siguiendo el esquema clásico maoísta de "diez contra uno, uno contra diez", es decir, obligar a las fuerzas estatales, bien sea el Ejército o la Policía, a asumir una posición defensiva táctica -que es fácilmente atacable en base a la superioridad de fuerzas- para, debido a estos golpes militares, obligarles posteriormente a asumir una posición defensiva estratégica, o sea, la inmovilidad y la concentración de fuerzas en un solo punto para defender una ciudad o un territorio. Se puede afirmar que la guerrilla naxalita actúa en brigadas de hasta 300 combatientes. Si hay que hacer caso a la prensa india, los ataques contra estaciones de policía, locales de los paramilitares, empresas mineras, ferrocarriles, estaciones de telecomunicaciones, construcciones eléctricas e, incluso, asaltos a cárceles -en el mes de diciembre de 2007 atacaron la cárcel de Raipur, la capital de Chhattisgarth, logrando que pudieran fugarse 299 presos, 100 de ellos guerrilleros- se producen por fuerzas de entre 40 y 150 combatientes aunque en ocasiones llegan a los 400. No obstante, eso no quiere decir que los naxalitas mantengan grandes formaciones guerrilleras con carácter permanente, sino que se constituyen en función de la estrategia.

Los datos son esclarecedores: en el año 2007 los naxalitas realizaron 8.488 ataques a establecimientos policiales en 91 distritos de 11 estados, según un informe presentado por el Ministro del Interior, Sriprakash Jaiswal, en el Parlamento indio (Lok Shaba, Cámara del Pueblo) (7). Y la guerrilla está comenzando a buscar la complicidad de los policías, a quienes realiza llamamientos para que se pasen a sus filas si no quieren seguir sufriendo sus embestidas militares. Desde el mes de junio de 2007, cada vez que se realiza un ataque contra un establecimiento policial los guerrilleros dejan en el lugar panfletos en los que se puede leer "Estás luchando para impedir el levantamiento del pueblo, por lo que tu vida está en juego porque el pueblo, al que estás matando, es de tu propia clase. Levántate contra el sistema" (8). Merece la pena indicar que el Ejército, como tal, no está implicado en la lucha con los guerrilleros aunque algunas de sus unidades de élite sí han participado en operaciones concretas contra la dirigencia naxalita.

La situación ha llegado a tal extremo que el gobierno, que ya consideró hace unos años a la insurgencia maoísta como el principal problema de India, ha decidido poner en marcha un plan para contener el avancede la guerrilla: iniciar un programa de desarrollo de las zonas más empobrecidas de India, modernización de la Policía, creación de infraestructuras viales que sirvan tanto a las poblaciones como para facilitar el traslado rápido de las fuerzas policiales y la creación de seis escuelas de guerra, es decir, la formación de unidades antiguerrilleras para poder atacar y destruir los campamentos naxalitas en la selva. La idea del gobierno es crear unos batallones específicos para la lucha contra la guerrilla que estén compuestos por 14.000 efectivos y en los planes aparece que antes de que finalice el año tiene que haber dos o tres en funcionamiento (9). En la actualidad la Fuerza Central de Reserva de la Policía, junto a los paramilitares de Salwa Judum, lleva el protagonismo en la lucha contra los maoístas: cuenta con 201 batallones, de los que 32 están desplegados en las zonas donde operan los naxalitas (10) pero se han mostrado altamente ineficaces y reciben cada vez con más frecuencia contundentes golpes militares, por lo que ahora se ha decidido la creación de los batallones antiguerrilla al estilo del tristemente célebre Batallón Atlacalt de El Salvador, perpetrador de innumerables matanzas en zonas rurales del país centroamericano.

El gran salto adelante

Hasta este momento la guerrilla estaba dejando a un lado las ciudades para centrarse en el control total del campo, siguiendo la vieja estrategia de cercar las ciudades desde el campo. La estrategia es penetrar en las áreas rurales, consolidarse en ellas y, una vez que consideran seguras sus bases de apoyo, ir estableciendo coordinaciones eficaces y efectivas entre las diferentes células en otros Estados. Esto ha dado inmejorables resultados en Nepal. Al igual que sus camaradas nepalíes, los maoístas indios respetan a los cargos locales -incluyendo a policías- si el pueblo considera que son honestos y no están comprometidos en casos de corrupción o represión. También respetan a las empresas que están instaladas en sus zonas de influencia, pero las cobran un "impuesto revolucionario", que oscila entre el 15 y el 20% de sus beneficios, con el que financian sus actividades. Por el contrario, los naxalitas son implacables en su lucha contra las Zonas Económicas Especiales  (ZEE) que está poniendo en marcha el gobierno central, con el apoyo de los gobiernos de los estados, para establecer industrias, incluidas las metalúrgicas y mineras, y que están provocando el desplazamiento de sus hogares de decenas de miles de habitantes rurales, que por consiguiente están perdiendo sus medios de vida. La enorme mayoría de desplazados son aparceros sin tierra, artesanos y pequeños comerciantes, provenientes de las comunidades desfavorecidas de dalit y adivasi y de minorías religiosas (11).

Precisamente el trabajo con los dalits, los intocables en el sistema de castas y los parias dentro de India, es con quien está centrando su trabajo político la guerrilla naxalita, según lo acordado en su IX Congreso, realizado en enero de 2007. Esta decisión ha estado en el origen de la expansión guerrillera por toda India. En este congreso se acordó, además, como eje del trabajo político y militar la extensión de la guerra popular a todo el país, "el apoyo a las luchas nacionales contra el expansionismo indio" en Cachemira y Jammu, la expansión del movimiento a las ciudades para tener presencia entre las masas urbanas, empobrecidas, y la clase media con la finalidad de "lograr un movimiento masivo contra las políticas neoliberales" y, por consiguiente, la lucha contra las Zonas Económicas Especiales que han sido creadas en los últimos años en India y que han provocado, a su vez, "la dislocación de las pequeñas industrias y de los comerciantes, que han sido empujados a la bancarrota por la ofensiva masiva de las imperialistas compañías transnacionales y de los compradores-burócratas-burgueses" y que son calificadas de "enclaves neocoloniales" (12). 

La entrada en las ciudades es "el gran salto adelante" de los maoístas indios. Hay presencia de células naxalitas en las zonas obreras e industriales de Delhi, Mumbai, Raipur, Pune y Jammu. Aunque por el momento la principal actividad es la propagandística, en algunas zonas donde el movimiento naxalita es especialmente fuerte se están ya realizando acciones militares. Es el caso de Nayararh, una de las más importantes ciudades del estado de Orissa, donde un comando naxalita realizó una de sus más audaces acciones hasta el momento: el 16 de febrero de este año se produjo el asalto a una comisaría de policía y la requisa de 1.069 armas almacenadas en este establecimiento policial. El gobierno indio sólo ha dado la cifra, no la calidad de las armas capturadas, lo que indica que en poder de la guerrilla hay ahora un material más sofisticado, como se pondría de relieve en las últimas operaciones militares donde se han bombardeado instalaciones policiales con morteros de 80 milímetros y se están usando lanzagranadas para atacar las caravanas de vehículos policiales y paramilitares. 

La presencia naxalita en las ciudades y centros industriales da un salto cualitativo a la guerra popular prolongada. Desde mediados de 2007 los naxalitas han actuado de forma preferente en las Zonas Económicas Especiales de una franja que comprende las ciudades de Bhilai-Ranchi-Dhanbad-Calcutta, por un lado, y de Mumbai-Pune-Surat-Ahmadabad por otro, al tiempo que han planteado bloqueos que han sido impuestos de forma desigual, dependiendo de las zonas donde tienen más fuerza, como es el caso de los estados de Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh y Bengala Occidental y en los que menos, como en Haryana y Punjab. En Bengala Occidental, un estado gobernado por la izquierda, la ZEE prevista ha tenido que ser suspendida tras una revuelta popular campesina, que contó con el apoyo maoísta, que fue sofocada a sangre y fuego. Este hecho ha provocado un tremendo descrédito de la izquierda tradicional, del que se está beneficiando la insurrección naxalita que ve cómo los campesinos pobres se están incorporando en masa a sus filas. De este asunto, así como de otros parecidos, se tratará en la segunda parte que aborda la situación de la izquierda india. 

En India hay en estos momentos 40 ZEE en funcionamiento y el gobierno central calcula que este año 2008 supongan un volumen de comercio superior a los 27.000 millones de dólares en cuanto a bienes, servicios y mercancías. En total, el gobierno indio tiene previsto aprobar 339 ZEE y dice que supondrán un empleo directo para 800.000 personas. Las ZEE son áreas que, gracias a las desgravaciones fiscales que hacen que las empresas no paguen ningún impuesto, gozan de ventajas fiscales y económicas para favorecer la productividad y donde se puede eludir la legislación normal del país en materia laboral, sindical y ambiental con el objetivo de atraer inversores locales y extranjeros. 

El éxito político junto al militar

Los éxitos militares de los revolucionarios indios están siendo acompañados de un éxito político demostrable en las zonas bajo su control, donde se ha logrado una eficaz mejora del nivel de vida de la población, básicamente rural, y están en condiciones de ofrecer una alternativa a la izquierda tradicional y reformista. Esto está provocando que un cierto sector de los intelectuales indios vea con agrado y simpatía a la guerrilla y que, como es el caso de Arundhati Roy, se niegue a calificar su lucha de inmoral o como terrorista. O como el conocido músico Ravi Shankar, que ha dicho públicamente que los maoístas son "admirables".

Desde que los naxalitas comenzaron a realizar trabajo político en las ciudades, entre los pobres urbanos, los habitantes de los barrios marginales y de la clase obrera organizada, y especialmente tras la masacre de campesinos ordenada por el gobierno de Bengala Occidental -gobernado por el Frente de Izquierda hegemonizado por el Partido Comunista de India (marxista)- en marzo de 2007 cuando se oponían a la ZEE prevista en Nandigram, las voces para que los maoístas lideren otro frente de izquierda en India, de carácter inequívocamente revolucionario, se están alzando cada vez con mayor fuerza. Se les pide "una nueva dinámica en la propaganda", una mayor atención hacia los "no iniciados en política" y "una mayor atención a las clases medias". 

Los maoístas están en ello, conscientes que el progreso de su guerra popular prolongada depende de la creación de una plataforma cultural y políticamente diferente de la que ha existido hasta ahora en India -de forma especial en lo que se refiere a la separación de castas, la opresión feudal de la familia y las costumbres- y, sobre todo, alejada de los pasillos del poder que tanto gustan a la izquierda tradicional.

 Notas:

• (1) Alberto Cruz, "India, entre la euforia nuclear y la insurrección naxalita" http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article267
• (2) The Hindu, 23 de agosto de 2008.
• (3) The Tribune, 7 de agosto de 2007.
• (4) The Pioneer, 19 de agosto de 2008.
• (5) Indian Express, 1 de septiembre de 2007.
• (6) Asian Age, 29 de junio de 2008.
• (7) Indian Times, 3 de diciembre de 2007.
• (8) The Hindu, 13 de febrero de 2008.
• (9) Asian Age, 17 de julio de 2008.
• (10) Prensa Latina, 4 de febrero de 2008.
• (11) Los dalit son los intocables del sistema de castas, los adivasi son pueblos indígenas y las minorías religiosas son, fundamentalmente, islámicos.
• (12) Partido Comunista de India (maoísta), febrero de 2007.

Alberto Cruz

India es el segundo país más poblado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. Mientras que por una parte Rusia y China están coqueteando con India para crear un contrapoder real a los Estados Unidos (1), la oligarquía de este país quiere romper para siempre esta hipotética alianza y para ello utiliza el asunto nuclear. Sin embargo, la propuesta de EEUU de compartir tecnología y combustible nuclear con India no cuenta con el beneplácito hindú en un tema crucial: la realización o no de nuevas pruebas nucleares. EEUU se opone a ello, mientras que India considera que plegarse a las exigencias estadounidenses limitaría su derecho a procesar combustible atómico empobrecido, un paso clave para la obtención de plutonio, y limitaría su soberanía.

Esta no era sólo la postura oficial del gobierno, sino de la oposición (izquierdista y derechista) y de los científicos, que exigían que el acuerdo no se ratificase si antes no lo hacía el Parlamento. En esto tanto el Partido Comunista de India (marxista), que tiene 44 escaños de un total de 543 que tiene el Parlamento de Nueva Dehli, como el derechista Bharatiya Janata (138 escaños) estaban de acuerdo y sin ellos no era posible conseguir la mayoría suficiente en el Parlamento de Nueva Dehli. La presión era de tal calibre que si el primer ministro, Manmohan Singh, lo ratificaba sin esa aprobación parlamentaria significaría el punto final de su gobierno de coalición. Merece la pena mencionar que el gobierno está formado por una alianza de tres partidos centristas liderados por el Congreso Nacional de la India (145 escaños), el Rashtriya Janata Dal (21 escaños) y el Dravida Munnetra Kazhagam (16 escaños), apoyados desde fuera del gobierno por el Frente de Izquierda (Partido Comunista de India -Marxista- 44 escaños, y el Partido Comunista de India, 10 escaños) junto a otros partidos de corte regionalista y étnico.

A pesar de los esfuerzos de la izquierda parlamentaria, el acuerdo ha sido aprobado y recientemente ratificado por el Congreso de EEUU. Algunos de los diputados de la izquierda, como el presidente de la Lok Shaba, Cámara del Pueblo, han sido acusados de aceptar sobornos del gobierno y han sido expulsados de la organización (Partido Comunista de India-marxista) por haber facilitado la aprobación del acuerdo, en el que el gobierno indio acepta las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense.

La Administración Bush inició el proceso de acercamiento a India en la cuestión nuclear en marzo de 2006, coincidiendo con el comienzo de la crisis nuclear con Irán (2). Ese acercamiento consistía en el reconocimiento, por parte de EEUU, de la capacidad nuclear de India y se justificó como parte del empeño de Bush de prevenir la extensión de armas nucleares, evitar la carrera de armamentos entre India y Pakistán y reforzar las relaciones entre los EEUU e India. Se terminaba así con un embargo en materia nuclear de 30 años, impuesto a India -que no es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, mientras que Irán sí lo es- en 1974, cuando realizó su primera prueba atómica. En virtud de ese acuerdo, que ahora está en el aire, India aceptaría la presencia de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en 14 de sus instalaciones nucleares y separaría claramente los aspectos civiles y militares de su programa nuclear.

Pero el acuerdo iba más allá: se pretendía que India rompiese todos sus acuerdos, energéticos y militares, con Irán. La oferta de los EEUU incluía un reforzamiento de los lazos comerciales con Kazajstán y Turkmenistán, dos estados asiáticos con grandes reservas energéticas, especialmente gas, así como con Afganistán y Pakistán para contrarrestar la carencia energética de India si rompía con Irán.

Tanto India como Pakistán tienen firmado un convenio con Irán para construir un oleoducto, el "oleoducto de la paz", para distrubuir gas a los tres países -con un montante económico de 7.000 millones de dólares- y que se espera esté finalmente concretado de manera formal el 30 de junio. Esto es algo que los EEUU intentan evitar a toda costa puesto que para finales de este mes tiene previsto volver a la carga en el Consejo de Seguridad de la ONU con una nueva batería de sanciones, más duras, contra Irán por no haber parado su programa nuclear. Ya se están produciendo las primeras presiones estadounidenses hacia los países que componen el CS de la ONU para que las empresas gasísticas se incluyan dentro de las sanciones (3). Como de costumbre, la política exterior de EEUU conlleva una innegable dosis de presión y, en este caso, no es menor: a cambio de la firma del acuerdo nuclear la Administración Bush apoyaría el ingreso de India en el Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de miembro permanente, aunque sin derecho a veto.

Según la reforma de la ONU que inició con timidez Kofi Annan, el Consejo de Seguridad de la ONU sería ampliado tiendo en cuenta la nueva realidad mundial y se integrarían en el mismo en calidad de miembros permanentes, pero sin derecho a veto, Alemania por Europa, Nigeria o Sudáfrica por África, Brasil o México por América Latina e India o Japón por Asia. El criterio que manejaba Kofi Annan era el peso democráfico y económico, adornándolo con criterios de una mayor representación en el órgano ejecutivo de la ONU de los diferentes pueblos y culturas.

La insurrección maoísta y la lucha por la tierra

India aspira a convertirse en un poder regional sin rivales hacia 2015. Para conseguirlo, es vital que tenga garantizadas sus necesidades energéticas (petróleo y gas, preferentemente) y es en este aspecto en el que la energía nuclear juega un importante papel. Desde su independencia de Gran Bretaña, India ha intentado sacar partido de lo que se puede denominar "economía de dimensión", es decir, sacar provecho de su potencial geográfico y poblacional. Sin embargo, a pesar de las enormes diferencias sociales las fuerzas revolucionarias o, si se prefiere, de izquierda han progresado con dificultad puesto que el capitalismo se ha seguido desarrollando lentamente, pero de forma constante en una situación que puede explicarse porque desde el mismo momento de la independencia (en 1947) dispuso de una industria relativamente desarrollada y de una burguesía rica, poderosa y muy hábil tanto en el ámbito de la política internacional (no hay que olvidar el peso de India en la creación del Movimiento de Países No Alineados) como en el nacional, compaginando las medidas sociales -aunque sin abolir el sistema de castas- con las propiamente capitalistas.

Sin embargo, durante los últimos 18 años, cuando India ha venido impulsando políticas neoliberales, desmantelando paulatinamente su economia centralizada y privatizando los principales sectores al abrigo de una batería de leyes que han protegido las Inversiones Extranjeras Directas, de forma especial las de origen estadounidense que en este tiempo han pasado de los 76 millones de dólares a los 4.000 millones. En estos momentos el producto interior bruto de India se sitúa en los 786.000 millones de dólares, cuatro veces el del resto de países del sur de Asia.

Esta política ha favorecido el auge de una clase media cercana a los 300 millones de personas, los que ven las películas de Bollywood, emigran a Europa o Estados Unidos y se aislan, cada vez más, de las clases más desfavorecidas no sólo en las tradicionales divisiones en castas, sino en cuestiones económicas. Se estima que más de 700 millones de indios viven en la pobreza más absoluta. Casi la práctica totalidad de ellos son campesinos que viven de sus parcelas de terreno que no llegan a la hectárea y que dependen de las grandes empresas privadas para el suministro de semillas, abonos y materiales. Además, tienen que sobrevivir en medio de impresionantes proyectos industriales (extracción de minerales, especialmente) e hidráulicos que anegan sus tierras o se las expropian a precios irrisorios. A ello hay que sumar la opresión tradicional que las castas inferiores vienen sufriendo desde tiempos inmemoriales y la presencia, cada vez mayor, de los paramilitares al servicio de los grandes propietarios.

No es de extrañar, por lo tanto, que en estos momentos en India se esté extendiendo como una mancha de aceite por el papel una insurrección maoísta que abarca ya a 14 de los 28 estados de India (Chatisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya, Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar) y que, en cifras, significa que en 165 distritos -de un total de 602 en que está dividido administrativamente el país- son los maoístas quienes controlan la situación. De hecho en los cinco últimos estados mencionados más arriba se puede hablar de que es un hecho el "poder popular de nueva democracia" que proclaman los maoístas puesto que son ellos quienes controlan el poder en todo el campo, cobran impuestos a las grandes empresas en sus zonas de influencia, construyen diques, sistemas de regadío, imparten justicia, disciernen los problemas de lindes de tierras entre los campesinos y han suprimido, por ejemplo, los matrimonios entre niños. El primer ministro Singh reconoció el avance maoísta el 23 de agosto de 2006 al afirmar, de manera solemne en el Parlamento, que "se han convertido [los maoístas] en el desafío interno más grande para la seguridad que tiene India" (4).

Para hacer frente al auge maoísta el gobierno de Nueva Dehli puso en marcha la conocida estrategia de los EEUU en Vietnam y perfeccionada después en América Central durante los procesos revolucionarios de El Salvador y, sobre todo, Guatemala: la creación de las aldeas estratégicas y la formación de patrullas paramilitares que defenderían esas aldeas (las Patrullas de Autodefensa Civil de Guatemala). En India son conocidos como Salwa Judum (que se traduciría como "Cazadores de la paz") y tienen la categoría de "agentes policiales especiales" en los poblados campesinos. Son especialmente activos en Chatisgarh y es contra ellos contra los que está centrando en estos momentos su ofensiva la guerrilla. El 15 de marzo una emboscada causó 50 muertos una fuerza conjunta de paramilitares y policías (5). La principal actividad de los paramilitares es el desplazamiento forzado de campesinos hacia "campos temporales" que ha creado en las áreas de Bhairamgarh, Gedam y Bijapur y en los que se hacinan en estos momentos 50.000 personas (6).

Pagados por terratenientes y por el propio estado indio, los paramilitares cobran un sueldo estimado en 1.500 rupias mensuales (unos 26 euros). La guerra contrainsurreccional, como en los países centroamericanos mencionados o en Perú y Colombia, intenta cortar a base de terror el avance de la guerrilla. Se estima que son unos 5.000 los integrantes del Salwa Judum y el ideólogo, al estilo de los paramilitares colombianos que amparó el actual presidente, álvaro Uribe, durante su etapa como gobernador de Antioquia, fue el principal dirigente del Partido del Congreso en Chatisgarh. Este es el partido al que pertenece el presidente Singh. A ellos hay que sumar unos 2.000 policías "contraterroristas", que han seguido un curso de formación similar al que dio origen al tristemente célebre Batallón Atlacal de El Salvador, que cometió innumerables asesinatos masivos, vejaciones, intimidaciones y desplazamientos forzosos. Por si esta formación paramilitar no es suficiente para parar a la guerrilla, el gobierno otorga, además, recompensas de un millón de rupias (unos 17.000 euros) por la delación de los principales dirigentes guerrilleros.

Esta estrategia está en marcha preferentemente en la "zona roja", denominación que el gobierno hindú otorga a los estados de Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar, aunque en los últimos meses se ha desatado una impresionante campaña militar guerrillera en Chatisgarh que ha hecho que el ejecutivo de Nueva Delhi ponga sus ojos en este estado dejando un poco aparcados sus planes en los anteriores. La razón del por qué los maoístas se están centrando en Chatisgarh es que este estado, junto al de Jharkhand, se está conviertiendo en la punta de lanza de la política neoliberal del gobierno tras firma de suculentos contratos de millones de dólares con las grandes corporaciones industriales, nacionales y multinacionales, del acero, hierro, carbón y de la electricidad que van a suponer un nuevo auge del éxodo de campesinos a los barrios miseria de las ciudades. De hecho, el más reciente ataque guerrillero se produjo el 3 de junio contra la central eléctrica de Narayanpur, un distrito de Chatisgarh (7).

Los maoístas suelen ser muy parcos a la hora de reivindicar sus acciones. Es un hecho que el control guerrillero de este estado es casi total, con 10 de los 16 distritos que lo componen en su poder (8) y que sus acciones militares con cada vez más audaces, incluyendo atentados contra autoridades, policías, representantes políticos y objetivos estratégicos económicos e industriales.

La pretensión gubernamental es circunscribir la presencia maoísta en esa "zona roja" y evitar que se extienda con igual fuerza por el resto del país. Una vez conseguido el objetivo, la represión se centraría en lo que se puede denominar "bases de apoyo" o zonas liberadas. No obstante, son los diferentes estados quienes tienen responsabilidad en cuestiones de seguridad y no el gobierno central, de ahí que en la represión participe la policía y no el Ejército, y hay diferentes opiniones sobre la mejor forma de enfrentarse al auge guerrillero. En Andhra Pradesh hay una tendencia a entablar negociaciones directas mientras que en Chatisgarh se fomenta el fenómeno paramilitar, por mencionar los dos ejemplos más extremos. En estas posturas influye en papel que la izquierda moderada tiene en los diferentEs gobiernos e, incluso, en el gobierno central que sin este apoyo caería, como se ha dicho más arriba. Esa es la razón por la que se están intentando poner en marcha tímidas reformas agrarias en toda India y que tiene como experiencia piloto la que en 2005 se puso en marcha en el Estado madre de la guerrilla: Bengala Occidental.

Por el momento, la guerrilla está dejando a un lado las ciudades para centrarse en el control total del campo, siguiendo la vieja estretagia de cercar las ciudades desde el campo. La estrategia es penetrar en las áreas rurales, consolidarse en ellas y, una vez que consideran seguras sus bases de apoyo, ir estableciendo coordinaciones eficaces y efectivas entre las diferentes células en otros Estados. Es la estrategia clásica y que tan buenos resultados ha dado en Nepal. Al igual que sus camaradas nepalíes, los maoístas indios respetan a los cargos locales -incluyendo a policías- si el pueblo considera que son honestos y no están comprometidos en casos de corrupción o represión. También respetan a las empresas que están instaladas en sus zonas de influencia, pero las cobran un "impuesto revolucionario", que oscila entre el 15 y el 20% de sus beneficios, con el que financian sus actividades.

Historia de los naxalitas

Los maoístas hindúes son conocidos como naxalitas, denominación que surge del poblado de Naxalbari, perteneciente al estado de Bengala Occidental, donde tuvieron lugar las primeras acciones armadas de una organización denominada Grupo Guerrero del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista de India (marxista-leninista), que con la consigna de una reforma radical de la propiedad de la tierra mantiene desde los años 60 en jaque al estado indio. Aunque la rebelión que impulsaron -toma de tierras, quema de registros del catastro de propiedad, derogación de las deudas hipotecarias de los campesinos y ejecución de los más significados opresores y usureros- apenas duró tres meses, terminó con una durísima represión que causó más de 10.000 muertos y la casi desaparición de los cuadros de la organización. Pero algunos grupos siquieron activos aunque sin contacto entre ellos. Eso provocó el fraccionamiento del PCI (m-l) que ha durado hasta el año 2003, cuando el Centro Comunista Maoísta y el Centro Revolucionario Comunista de la India se unifican formando el Centro Comunista Maoísta de la India (CCMI) y, un año más tarde, en 2004, se produce otra unificación con una tendencia del PCI (m-l) denominada "Guerra Popular". Así es como surge el actual Partico Comunista de India (maoísta) y su principal lema es "combate contra el feudalismo y el imperialismo".

Si hay que hacer caso a los informes de los servicios de inteligencia de India, maoístas de ese país se han "fogueado" en la guerra popular revolucionaria de Nepal, donde habrían adquirido mayor formación política y experiencia militar. Estos servicios de inteligencia estiman que el Ejército Guerrillero del Pueblo (nombre de la rama militar de los maoístas indios) contaba el año pasado con 8.000 combatientes, 25.000 milicianos -defienden las bases de apoyo y realizan labores de inteligencia y ayuda logística a los combatientes- y 50.000 cuadros políticos. Cifras pequeñas si se tiene en cuenta que India es un país con cerca de 1.000 millones de habitantes, pero el rápido desarrollo del movimiento maoísta ha encendido las alarmas entre la élite política india (9). La miseria de dos terceras partes de la población india y la opresión social se contraponen a los deseos de la élite de convertirse en una potencia regional al calor del arma nuclear y el acuerdo con los EEUU. Hoy los naxalitas son una realidad que hay que tener en cuenta. Tal vez los occidentales que recalan en India hayan podido comprobar que "naxa" ha pasado al vocabulario de los hindúes como expresión equivalente a "campesino rebelde" y que la lucha, actual y pasada, de los naxalitas forma parte de la cultura india moderna, incluso en el ámbito cinematrográfico.

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(1) Rajiv Sikri, "¿Están los líderes de India, China y Rusia preparados para un desarrollo radical?
(2) Alberto Cruz, "India e Irán: otra muestra de la hipocresía occidental "
(3) Asia Times, 1 de junio de 2007.
(4) Cristian Science Monitor, 28 de agosto de 2006
(5) France Press, 15 de marzo de 2007.
(6) The Indian Express, 7 de junio de 2007.
(7) The Hindu, 3 de junio de 2007.
(8) Prensa Latina, 15 de marzo de 2007.
(9) The Pioneer, 27 de abril de 2006.