El Zurriago

Los empresarios declaran ante el erario público que ganan de media menos que los asalariados, y esa brecha retributiva, que encubre un fraude, ha crecido desde 1993.

 La carga fiscal de los españoles está siete puntos por debajo de la media de la UE. Así lo dijo el presidente Zapatero, tras lo cual confirmó una inminente subida de impuestos con la que quitar las telarañas de las arcas públicas. Pero por más que el Gobierno lance mensajes pretendidamente tranquilizadores, que el esfuerzo tributario del ciudadano medio amenace con hacerse más intenso preocupa. Especialmente porque, pese al conocido eslogan de que «Hacienda somos todos», la realidad muestra que unos más que otros, y que el fraude fiscal en España goza de buena salud.

Dos datos llamativos y que invitan a la reflexión son que solo un 3% de contribuyentes declaran ganar más de 60.000 euros, así como que tres de cada cuatro empresarios y profesionales se declaren mileuristas, según informes del colectivo de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Un mileurista -retribución del 62 % de los asalariados españoles y de siete de cada diez gallegos- tributa a Hacienda un 24% (el tipo mínimo), mientras que alguien que especule con el ladrillo (lo que se conoce como pase inmobiliario, es decir, dar una señal por un piso y revenderlo antes de escriturar) pagará por esos beneficios un 18%.

Asimismo, un autónomo tiene más opciones de ocultar sus beneficios y tributar menos que un trabajador y, como guinda, cualquier millonario puede constituir una sociedad de inversión de capital variable (sicav) y abonar al fisco un exiguo 1%. ¿Quién, cómo y cuánto pagamos en impuestos? ¿Es posible que el Gobierno aumente la recaudación sin estrangular a quienes menos recursos tienen? Y, sobre todo, ¿hay vías alternativas a la anunciada subida impositiva?

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Solo el 3% de los contribuyentes declaran en el IRPF ganar más de 60.000 euros.

El IRPF es el tributo estrella del sistema fiscal español, pues aporta la mayor inyección de liquidez a las arcas públicas. Su última reforma normativa, que entró en vigor en el año 2007, redujo a cuatro los tramos de la tarifa. De este modo, la menor fiscalidad (24%) se aplica hasta los 17.360 euros, aunque quienes tengan solo rentas del trabajo de hasta 22.000 euros están exentos de declarar. Entre los 17.360 y los 32.360 euros de retribuciones pagarán el 28%. La siguiente horquilla (37%) se aplica hasta los 52.360 euros de sueldo y quienes ganen por encima de esa cuantía tributarán al tipo máximo: el 43%, que era dos puntos superior hasta el 2006.

El inconveniente de gravar más a las rentas más altas, como planteó el ministro de Fomento, José Blanco, es que su impacto recaudatorio sería «mínimo», como la ministra Salgado corrigió en el Congreso, porque solo el 3% de los 18 millones de declaraciones superan los 60.000 euros de renta.

2

Cristiano Ronaldo y Kaká pagan a Hacienda como mileuristas.

Los fichajes multimillonarios de figuras del fútbol como Kaká o Cristiano Ronaldo volvieron a poner de actualidad la fiscalidad que se les aplica a los extranjeros no residentes. Y es que, con el objetivo de atraer inversión extranjera, empresas y talentos foráneos, el Gobierno aprobó una tributación reducida para los extranjeros no residentes quienes, por espacio de seis años, cotizarán al tipo mínimo. Es decir, que los astros del balón, entre otros profesionales de altos salarios, pagan a Hacienda como si fueran mileuristas, mientras que sus compañeros españoles están sujetos al 43%. Pese a las críticas recibidas desde la izquierda del arco parlamentario, el PSOE se negó en junio a modificar la ley, presionado por los catalanes de CiU.

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Los empresarios declaran ganar menos que los asalariados y la brecha crece.

Según los colectivos de Inspectores de Hacienda y de Técnicos del Ministerio, atacar con eficacia el fraude sería la mejor receta para sanear las cuentas públicas. Un ejemplo lo constituye lo que declaran ganar los empresarios, que sitúa a 1,6 millones de ellos, es decir, las tres cuartas partes del total, como mileuristas.

Según datos de Gestha, en 1993, en la primera estadística de la renta, los empresarios declaraban de media 10.260 euros (entonces en pesetas) y por el sistema de módulos aún menos (9.201 euros), mientras que los trabajadores declaraban un promedio de 11.774 euros. Eso significa que los emprendedores en tributación directa declaraban 1.414 euros menos que los trabajadores, y los de módulos 2.472 menos.

Lejos de corregirse, la brecha de 1993 se ha acrecentado en catorce años. Con los datos del 2007, los empresarios declaran ganar de media 13.525 euros, frente a los 18.400 que recogen la declaración de la renta de los asalariados. Es decir, una diferencia de casi 5.000 euros.

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Las grandes fortunas ganaron la batalla y tributan al 1%.

A través de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) en las que las grandes fortunas colocan sus activos, los mayores patrimonios del país reducen al 1% su tributación. Y es que una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) les dio la razón frente a los inspectores de Hacienda, que entendían que no cumplían los requisitos de las sociedades de inversión colectiva (mínimo de 100 accionistas, cuando solían ser sociedades patrimoniales y estar en manos de las grandes familias) y que deberían tributar al 30%, como el resto de sociedades. Las fortunas vencieron al fisco.

 Tarragona y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) serán las primeras ciudades en contar con una moneda social que intentará aumentar el poder adquisitivo de las familias afectadas por la crisis, favorecer el comercio de proximidad, evitar la dispersión de la riqueza y facilitar el acceso a bienes básicos. Hace décadas que funcionan en Suramérica y Centroeuropa y ahora llegan a España. Las denominadas monedas sociales, paralelas a las oficiales, empiezan a experimentarse en algunas localidades catalanas en las que consumidores, comerciantes y redes de economía solidaria se están aliando para evitar la dispersión de la riqueza y favorecer el consumo sostenible y de proximidad.

"El 90% de la masa monetaria mundial no está en la calle, sino que se dedica a operaciones especulativas", afirma Sebastián Corrodini, coordinador de la Xarxa Eco de Tarragona, que a partir de octubre pondrá en circulación 10.000 Ecos -la nueva moneda tarraconense, que equivale al mismo número de euros- con la intención de dar un respiro a las familias que más padecen la crisis.

Los consumidores podrán solicitar que se les devuelva el cambio de sus compras en ecos en lugar de euros: "en un principio los consumidores recibirán más ecos de los que les correspondería en el cambio" con el fin de que los compradores acudan a los 30 comercios de la red y "que nunca falte moneda", explica Sebastián, conocedor de experiencias similares originadas durante la grave crisis económica argentina de la pasada década.

Corrodini considera que la iniciativa "desmitificará el dinero" y "permitirá que pequeños productores agrícolas puedan vender sus alimentos por un precio más justo que el que les ofrecen las cadenas alimentarias".

Sin embargo, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona Daniel Reventós considera que estas iniciativas son "simpáticas pero insuficientes" porque "no resuelven la gravedad de la actual coyuntura económica, necesitada de reformas estructurales". Reventós asegura que las monedas sociales no conseguirán prácticamente nada y cita el caso argentino -donde funcionan numerosas de ellas desde hace décadas- como ejemplo: "la pobreza en Argentina llega al 25% y aumenta tanto que el Gobierno ha decidido no ofrecer más cifras" para evitar el alarmismo entre la población.

Este otoño el colectivo Ara! intentará, por segunda vez, implantar su moneda social -el Grama- en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y servirá no sólo para comprar productos, sino también servicios. "Puedo vender mis conocimientos a otros miembros de la red y recibir a cambio los suyos o bien un pago en gramas", explica Jordi García, miembro del colectivo. García explica que las monedas sociales reaparecen cada vez que la situación económica empeora y el aumento del paro reduce la capacidad adquisitiva de personas que, aun teniendo capacidades y conocimientos para trabajar, no pueden hacerlo.

Por otra parte, la banca ética y solidaria también se encuentra en plena expansión. Así, la cooperativa de servicios financieros COOP57 ha recibido en los últimos meses un alud de clientes que desconfían de la banca tradicional y buscan un valor añadido a sus inversiones.

En el 2008 concedieron créditos a entidades por más de tres millones de euros, la mayoría dedicadas al adelanto de subvenciones públicas.

La subida de impuestos se concentrará en los 400 euros, las rentas de capital y los impuestos especiales

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que la subida de impuestos en la que trabaja el Gobierno se concentrará en la deducción en el IRPF de 400 euros, las rentas del capital y la imposición indirecta, que engloba al IVA y a los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina. El IVA es el único recurso para la elevación de impuestos

En rueda de prensa con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con motivo de la Cumbre Hispano-Italiana, Zapatero indicó que el Gobierno pedirá a los ciudadanos un esfuerzo fiscal "temporal", teniendo en cuenta que la presión fiscal en España se sitúa en el 32,6% del PIB, "de las más bajas de la UE".

Según Zapatero, la "grave crisis económica" y el déficit que debe corregir España hasta 2012 --ahora se aproxima al 10% del PIB--, junto con la intención del Gobierno de no reducir el gasto social, obligan al Ejecutivo a llevar a cabo un aumento de impuestos que, en principio, se limitará a la deducción de 400 euros, introducida hace dos años, al gravamen sobre las rentas del capital, situado en el 18%, y a la imposición indirecta.

De hecho, el Gobierno aprobó en junio pasado un incremento de los impuestos especiales que gravan el tabaco y los carburantes, con los que esperan recaudar más de 2.000 millones de euros adicionales.

"Pido un pequeño esfuerzo para una parte importante de la ciudadanía para mantener nuestro nivel de protección social desde la coherencia que un Gobierno que ha bajado impuestos y que ahora temporalmente tiene que hacer este esfuerzo", subrayó.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo, que recordó los cuatro ejercicios presupuestarios cerrados con superávit y el bajo nivel de deuda pública, destacó que el Gobierno ha rebajado los impuestos en los últimos años por un importe de 20.000 millones de euros, recortando cinco puntos el Impuesto de Sociedades y rebajando una media del 6% el IRPF.

Además, apuntó la supresión del Impuesto de Patrimonio por 1.800 millones de euros, así como la "devolución extraordinaria" de los 400 euros por contribuyente en el IRPF, deducción que ahora está en revisión. Todo ello, añadió, ha permitido reducir la presión fiscal y bajar impuestos en un momento en que el crecimiento económico hacía "conveniente" llevar a cabo esta reducción de impuestos.

Finalmente, Zapatero se comprometió a dialogar con los grupos parlamentarios sobre la reforma fiscal, y añadió que será en la Ley de Presupuestos de 2010 cuando se conozcan los detalles de la misma, por lo que pidió respetar los tiempos y los cauces normativos, a pesar de la "ansiedad" que pueda existir al respecto.

 Javier García (miembro del Cté. Nacional del SAT)

"Dinero para los banqueros, palos para los pobres" esa es en esencia la política que desarrollan Zapatero y Griñán contra la crisis en Andalucía. Los banqueros no tuvieron necesidad de manifestarse ni de protestar. Aunque fueran, en gran parte, responsables de la crisis, todos los gobernantes del mundo se pusieron a sus pies regalándoles el dinero de todos. Desde Obama hasta Merkel, pasando por Gordon Brown, todos los políticos del sistema vaciaron las arcas públicas para llenar las cámaras acorazadas de los bancos privados en lo que ha constituido uno de los grandes robos de la historia de la humanidad. Y nuestro Zapatero no podía ser menos: 150.000 millones de euros. Ahí es nada.

Pero, ¿acaso no se hizo todo esto para facilitar el crédito a las familias trabajadoras? ¿No se nos dijo una y otra vez que este dinero iba a repercutir mediante créditos baratos y asequibles en nuestra mermada economía familiar? ¿No se anunció a bombo y platillo que sin estas medidas las PYMES no obtendrían créditos y no mantendrían el empleo? Todo mentira. Los ladrones de guante blanco se han forrado a costa de nuestro sudor con la complicidad criminal de estos políticos vendidos a la plutocracia.

Estamos ya en cuatro millones trescientos mil parados en España y más de un millón en Andalucía, muchas familias no sólo no pueden pagar la hipoteca ni la luz, es que ya no pueden ni alimentar a sus hijos. Los planes de inversión local auspiciados por el Gobierno -como ya se anunció- no han detenido la caída en picado del empleo, entre otras cosas porque eran insuficientes y estaban mal concebidos. Y han gastado tanto en regalar el dinero público a los banqueros que el déficit público está fuera de control. Y claro, en estas circunstancias pretenden que nos quedemos callados y quietos en nuestras casas y que confiemos en ellos.

Se equivocan una vez más. Queremos lo nuestro. No es mucho comparado con lo regalado a los bancos y a los buitres del ladrillo, no llega al 3% de lo concedido a estos cuatreros de etiqueta, apenas unos 5.000 millones de euros, pero los queremos. Los queremos porque a diferencia de ellos este dinero va directo a resolver los problemas de la gente, no en forma de subvenciones, sino de trabajo productivo. Mientras que de los 150.000 millones de los banqueros se han beneficiado las 200 familias que controlan la economía española, de los 5000 millones se beneficiarían cientos de miles de personas. Es tan poco lo que pedimos y tanto el bienestar que produciría que ningún gobernante con un mínimo de sensibilidad social podría negarse a las reivindicaciones del SAT.

Y sin embargo, estos maleantes del puño y la rosa, traidores y renegados del socialismo, a los que escupiría Pablo Iglesias, dan órdenes estrictas a sus esbirros para machacar las justas protestas del pueblo trabajador andaluz. Pensaron que "dándole una buena tunda a estos del SOC" nos callaríamos y les dejaríamos tranquilos. Decidieron que había que darle un escarmiento a Cañamero porque lo del brazo de Gordillo no fue suficiente. Y ellos pueden hacerlo porque tienen el poder del terrorismo legal, de la violencia institucionalizada. Dieron sus órdenes y el resultado lo tenéis a la vista. Hay que decirlo alto y claro: es el PSOE quién nos ha pegado, humillado, vejado y maltratado.

Y si piensan que su brutal escarmiento ha tenido algún resultado se equivocan. Los moratones son las medallas de esta lucha, el reconocimiento de que vamos por el buen camino y que les hace daño lo que estamos haciendo. Los compañeros detenidos lo dijeron con sinceridad y franqueza: esto nos hace tener más coraje, fuerza y rebeldía para seguir luchando. Sigamos su ejemplo y sacrificio. Esto sólo acaba de empezar.

Santiago González

Entre los elementos que se estaban discutiendo en el diálogo social abierto al comienzo de la legislatura actual y que, de momento, al interrumpirse éste, está en una situación de suspensión, está el de la reclamación por parte empresarial de la bajada de las cotizaciones sociales, recibida con buena predisposición gubernamental que, en los estertores del comienzo del verano, prometió una bajada de un punto y medio a repartir en dos ejercicios y una reticencia de los sindicatos CCOO y UGT, aunque no frontal.

La idea publicada por parte empresarial era la de reducir de forma permanente hasta cinco puntos las cotizaciones empresariales a la vez que se ‘compensaba' parte de esa pérdida recaudatoria elevando los tipos de IVA.

Por su parte, el Gobierno rechazaba, por diferentes interlocutores, la subida de los tipos de IVA en el actual periodo de caída del consumo, que podría agravarla y arañaba una reducción de medio punto en la cotización de accidentes y prometía un punto adicional para el ejercicio próximo.

Los mencionados sindicatos alertaban del peligro de poner en riesgo la financiación global del sistema de seguridad social, la inoportunidad de la propuesta para lograr un acuerdo definitivo en el cacareado diálogo social pero eludían una confrontación con la alternativa gubernamental.

¿Qué significan las cotizaciones sociales?

Tal y como están dispuestas en nuestro ordenamiento son, entre otras cosas, las que aseguran y dan derecho a devengos (futuras prestaciones) de los trabajadores en casos de jubilación, accidentes o desempleo. Son parte, pues, del salario indirecto del trabajador.

Su simple reducción arrastraría una menor cobertura presente y futura de las prestaciones devengadas, aunque sólo fuera porque afectarían al tamaño del fondo de reserva.

La reducción simple sería un atentado a los derechos de los trabajadores.

Dicho lo anterior y acercándonos a la problemática subyacente de empresarios y estudiosos de la economía que simplifican las cotizaciones sociales como costes del trabajo y que la reducción de las mismas, abarataría el coste global del trabajo haciendo por este método más competitiva a las empresas (¡focalizando en ese factor lo que no se busca suficientemente en otras estrategias empresariales!) comprobaríamos que en otros países el método utilizado es que sean los impuestos los que, por ley, sufraguen los derechos de devengos de los trabajadores. Es decir, que en lugar de cotizaciones proporcionales a la cantidad de salarios empleados en la economía, total o parcialmente se utilizan los impuestos para cubrir esos devengos. Y esto que tiene una cierta lógica y que puede ser, como todo, objeto de discusión, está en contradicción con el Pacto de Toledo (separación de fuentes en la obtención de los ingresos para gastos contributivos -pensiones, por ejemplo- realizables con cotizaciones sociales y los gastos universales -sanidad, por ejemplo- vía impuestos).

Esta era una de las críticas fundamentadas del Pacto de Toledo dado que esa separación de fuentes, y aunque se garantizaba un mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, implicaba dos cosas:

-Una, por lo menos formalmente, un desestimiento del ‘Estado' sobre la cobertura de las pensiones si no se hicieran correcciones actuariales oportunas que igualasen las prestaciones de la población asistida con las contribuciones y devengos de los contribuyentes de esas cotizaciones.

-La otra consecuencia de esa separación de fuentes es que el monto de las prestaciones ‘contributivas' se desligaba del crecimiento económico.

Las correcciones ‘actuariales' habidas desde la firma del Pacto de Toledo han sido, qué casualidad, reducciones de los devengos o aumentando las restricciones para obtener en el futuro prestaciones de los actuales contribuyentes. Como se han hecho en años que ha crecido la economía, y se ha reducido la participación de los salarios en la Renta Nacional, a pesar del incremento del número de los trabajadores ocupados, y las cotizaciones son un porcentaje de los salarios, se demuestra la segunda implicación de estar desligadas las prestaciones y devengos del crecimiento económico.

Aún más, la generosa visión social liberal de los distintos gobiernos ha hecho que hubiera una competición de reformas fiscales a la baja en los tipos de los impuestos directos o su simple eliminación, empeorando la redistribución del crecimiento económico. Aplaudidas por los estamentos empresariales menos consecuentes.

Y ahora, nos dicen que viene el lobo y algunos empresarios reclaman reducciones de cotizaciones sociales y, para vestir el desaguisado de ciertas incompetencias, para compensar, que se suban los tipos del impuesto de consumo que afecta a toda la población.

Lo propio, para empezar a dialogar sería que hubiera dos correcciones, una al Pacto de Toledo asegurando que el Estado y el conjunto de sus ingresos -en los que un sistema fiscal sin un fraude relevante y con un marcado nivel progresista de obtención- garantizaría el conjunto de las pensiones y la otra, que esa reducción de salario indirecto de los trabajadores se compensase con una bolsa de impuestos, en los que los impuestos directos fueran el grueso de la reforma y que, por lo tanto, habría que hacer una reforma fiscal para bascular el peso de quienes pagan los impuestos, recreando un impuesto de grandes fortunas o el de sociedades de cartera, el IRPF... antes que exclusivamente fijarse en el IVA.

La salida a la crisis puede ser hecha para que al final todo siga igual, buscando en la precarización laboral y salarial una competitividad aunque sea temporal, sin cambiar pautas de modelo económico, crecimiento y de redistribución de la renta o buscando unos cambios que cambien los desequilibrios actuales para hacer permanente una senda de desarrollo más eficiente y justa.

La patronal del metal en la provincia de Pontevedra se pone nerviosa ante la perseverancia de los trabajadores en conflicto por un convenio digno. Ayer los piquetes se centraron en bloquear la entrada a los concesionarios, impidiendo el acceso de clientes y teniendo que cerrar muchos de ellos. Según el presidente de la patronal del sector, los piquetes invadieron concesionarios y provocaron destrozos. Los piquetes fueron vigilados por un amplio dispositivo policial que desde primera hora se apostaba frente a los centros de la Avenida de Madrid. De vez en cuando identificaban algunos trabajadores que pretendían consultar dentro del concesionario o realizaban registros indiscriminados.

Otra de las novedades de la jornada de ayer fue la realización de paros distintos en los sectores del metal. Por ejemplo, a las nueve de la mañana comenzó el paro parcial de los trabajadores de los astilleros de la ciudad. En este caso, su jornada de huelga fue hasta las 13.00 horas y durante este tiempo también se dirigieron a los concesionarios de la ciudad para reforzar la labor que desde primera hora realizaban el resto de trabajadores del sector.

En el caso de las empresas de instalación eléctrica y de calefacciones el paro seguirá siendo indefinido, ya que los sindicatos acusan también a sus representantes de estos sectores en la mesa de negociación de obstaculizar el acuerdo. Se estima que la jornada de hoy puede suponer unos 600.000 euros en pérdidas para los concesionarios ya que se venden en torno a unos 39 coches diarios y ayer no se vendieron ninguno.

La patronal amenaza. Los trabajadores resisten

Ante esta radicalización del conflicto, la patronal decidió no acudir a la reunión prevista para ayer por la tarde para continuar con la negociación del convenio. Según ellos "decidido no acudir a la reunión prevista para esta tarde para continuar con la negociación del convenio. El presidente de la patronal amenazó un cierre patronal y denunciar el convenio, "los actuales márgenes de beneficio de las empresas se han visto reducidos a la mínima expresión tras la pérdida de contratos y las jornadas de inactividad".

Santiago González

El concepto de "trabajo digno" o "trabajo decente"  (de su traducción literal inglesa, decent work) fue anunciado por primera vez por Juan Somavía, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1999.

Este concepto afortunado quiere sintetizar algo más de que el trabajo tenga una remuneración apropiada, contraria a la de trabajador pobre, que trabaja, pero sus ingresos no le permiten salir de esa condición. Además, y de manera relevante, significa que el trabajo debe realizarse en un marco de libertad, igualdad (sin discriminaciones por razones de género, raza, origen...), seguridad (seguridad social, desempleo, cobertura de accidentes...) y dignidad humana.

Frente a una globalización neoliberal desregulada y que conduce a una crisis del capitalismo cuya magnitud aún no se avista, los trabajadores tienen que dar una respuesta. El trabajo digno es la réplica al deterioro de los derechos de los trabajadores, tanto económicos (hay una reducción de los salarios en el conjunto de las rentas nacionales), como sociales tras una dinámica de desregulación, competitividad a la baja en normas sociales como acicate para atraer inversiones.

Esta reivindicación constituye el eje de la Confederación Sindical Internacional, que une a 311 sindicatos de 155 países y cuenta con 168 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados. Se ha puesto una fecha, el 7 de octubre, para facilitar la puesta en común y visualizar internacionalmente cuál es la "agenda" de las personas que tienen el trabajo como fuente de ingresos. En todas partes se hará una campaña unitaria para lograr que la agenda social, económica y política gire sobre el trabajo digno. Prioridad de los "de abajo" para mejorar este mundo y combatir y superar la pobreza y las injusticias.

Recientemente, en el III Foro Social Mundial de las Migraciones, hubo bastantes debates sobre la relación migrantes-sindicatos y cómo fortalecerlas y divulgar el significado y lucha por un trabajo digno. En este sentido se señalaron elementos relevantes como la necesidad de unir esfuerzos entre las ONG (sean o no específicas de trabajadores migrantes) y los sindicatos; o la constatación de que los sindicatos pueden tener un problema para cumplir su misión (ser el organismo organizado de los trabajadores) si no logran acceder a los trabajadores vulnerables, incluyendo a los irregulares.

Asimismo, hubo coincidencia en que los migrantes y sus organizaciones tienen que "entrar" en los sindicatos de clase que, por definición, son de los trabajadores, por encima de las fronteras. El problema que asomó fue que puede existir un círculo vicioso en el que los sindicatos se centren en sus actuales afiliados y los trabajadores con más derechos y que no consideren a los vulnerables y más explotados como instrumentos de intervención social o incluso, en un error estratégico, intentar suplir con las ONG a los sindicatos o dividir a la clase obrera en sindicatos "étnicos". Por último, existió coincidencia en que la autoorganización no contradice la utilización de los instrumentos ya existentes y en la necesidad de crear o potenciar las redes estatales e internacionales.

Por otra parte, los participantes de dicho Foro rechazaron los elementos normativos que están erosionando las posibilidades de tener un trabajo digno, desde las relaciones comerciales asimétricas a la desfiscalización en el plano internacional, desde la Directiva Bolkestein a aquellos marcos legales, como el de las migraciones en muchos lugares de Asia, que consideran al migrante, al trabajador doméstico, como una mercancía o casi un esclavo.

Como marco de un proceso de globalización más justo, se impone la necesidad de avanzar hacia un nuevo Contrato Social Mundial que garantice la universalización del trabajo digno, basado en el respeto al trabajo humano y a todos los valores inherentes a él: la libertad, la solidaridad, la democracia, la educación, la paz o la justicia social.

Todos estos aspectos están recogidos en la Segunda Declaración de Rivas, desde el impulso a la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias al apoyo a la firma en los acuerdos bilaterales laborales de los convenios 97 y 143 de la OIT. Por último, la Asamblea de los Movimientos Sociales hizo suya la defensa del trabajo digno para una vida digna: "Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras".